EFE
“Lo que pedimos es que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet envíe con urgencia un nuevo proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, dijo el coordinador general de expresos políticos y director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Higinio Espergue.
En 1991 en Chile se creó la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) con el fin de determinar las ejecuciones y desapariciones cometidas por la dictadura, que consignó en total 3.192 víctimas, de las que 1.185 son detenidos desaparecidos.
En tanto, el Informe Valech, elaborado en 2004, determinó que más de 38.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas en ese período.
De acuerdo a esto, el Estado chileno consignó una serie de medidas de reparación, entre ellas las pensiones Rettig, para los familiares de los ejecutados y desaparecidos; las pensiones Valech, para los torturados, y pensiones para exonerados por razones políticas.
“Lo que nosotros pedimos es que haya una homologación de las pensiones Valech a las Rettig, porque con las primeras algunos de nosotros recibimos sólo 154 mil pesos (unos 252 dólares)”, detalló Espergue.
Además, agregó que “también exigimos que exista compatibilidad entre los beneficios de la Valech con la de los exonerados, porque hasta el momento son excluyentes y muchos de los que fueron torturados fueron despedidos de sus trabajos por motivos políticos”.
Los cerca de 70 huelguistas, pertenecientes a 16 ciudades de todo Chile, hasta el momento han seguido con la huelga de hambre y anunciaron hoy que de no tener respuestas, iniciarían una huelga seca.
“Entendemos los problemas a nivel nacional de la erupción del volcán y las lluvias en el norte, pero siempre hay pretextos para postergar las demandas de derechos humanos y nuestros compañeros en su situación de desesperación están dispuestos a llegar hasta las ultimas consecuencias”, sostuvo el líder de los expresos políticos.
Según el Informe Valech, el 85 % de las personas que fueron torturadas tenía entre 25 y 40 años al momento de su detención por lo que ahora los huelguistas, en su mayoría, sumarían al menos 60 años de edad.
El sábado pasado una delegación del ministerio del Interior conversó con los huelguistas. Sin embargo, según Espergue, sólo fueron a “analizar la situación, ver si es factible poder realizar cambios según el costo que implique, pero nada concreto”.
Asimismo, hoy un grupo de expresos y presas políticas realizaron una manifestación pública hacia los alrededores de La Moneda, sede presidencial, en la cual participaron cerca de 300 personas con el objetivo de dar a conocer su situación.