La fiscala María Raquel Fernández imputó al suboficial por homicidio en forma agravada porque, además de matar a Rodrigo Quintana, con los perdigones expansivos pudo haber asesinado a más personas.
La pena en este caso va desde los 15 hasta los 30 años de cárcel.
Sin embargo, las nueve balas de metal impactaron contra el joven que, de acuerdo al forense, ocasionaron daños tan graves en su organismo, que no hubiera podido salvarse ni si hubiera recibido rápida atención médica.
Florentín se abstuvo a declarar, pero a Telefuturo refirió que pensaba que su arma contenía balines de goma. Sus camaradas Arnaldo Andrés Báez, Jorge Ramírez y Éver Benítez coinciden con esta declaración.
Estos últimos, por el momento, no fueron imputados, pero no se descarta que sean objeto de investigación. La fiscala prefiere tener todos los elementos para determinar si corresponde el hecho punible de complicidad.
De acuerdo a los datos recolectados por el Ministerio Público, Florentín es agente antidisturbios con destino en la Comandancia de la Policía Nacional, mientras que los demás dependen de la Agrupación Especializada a cargo del comisario Enrique Isasi.
Estos agentes manifestaron que siguieron a una turba de manifestantes e ingresaron a la sede del PLRA sin saber que se trataba de un local partidario. En el interior, luego de matar a Rodrigo Quintana, redujeron a los presentes.
Posteriormente llegaron efectivos a cargo del comisario Tomás Paredes, que se encargaron de las aprehensiones, atendiendo a que los primeros carecen de esposas y móviles para el traslado.
Rodrigo Quintana fue velado este domingo en La Colmena, en medio de centenares de familiares y amigos que exigen justicia.