“Es urgente que se apruebe esta iniciativa para que los familiares de las víctimas terminen con esa incertidumbre de no saber dónde están sus parientes”, dijo en rueda de prensa Daniel Alvarado, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Esta organización junto al Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y la Fundación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), integran el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada en el país centroamericano.
A casi 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz (29 diciembre de 1996), “es necesario reconstruir el tejido social” y dar respuesta sobre los 45.000 desaparecidos durante el conflicto, dijo Alvarado a Efe.
Alejandro García, dirigente del Grupo, indicó a Efe que el próximo año tienen contemplado presentar una denuncia contra el Congreso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de la aprobación de la Ley 3590, que ya tiene una década de haber sido presentada al Organismo Legislativo.
La iniciativa ya pasó dos de tres lecturas, según fuentes parlamentarias.
“Es preocupante” que no se haya aprobado la ley pero “tenemos esperanza de encontrar aunque sea los restos”, dijo Juanita a Efe.
Ella busca a su esposo que fue desaparecido el 22 de octubre de 1984 en el occidente de Guatemala.
Cristina, una viuda del conflicto, también comentó que busca a varios familiares que desaparecieron en la década de los ochenta en el departamento occidental de Chimaltenango.