Para la próxima semana cada líder de bancada de la se comprometió a presentar una propuesta para determinar sobre qué base se analizarán los pedidos de pérdida de investidura de los legisladores Ulises Quintana, Tomás Rivas y Carlos Portillo.
Este lunes, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio a conocer su dictamen con relación al pedido de pérdida de investidura de los tres diputados, en el que recomienda que sea el pleno de la Cámara de Diputados el que resuelva el futuro de los tres.
Tras esta decisión la Mesa Directiva solicitó a las diferentes bancadas un proyecto de resolución, de alcance interno, que reglamente el artículo 201 de la Constitución y se defina si la pérdida de investidura debe darse con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) o con una mayoría calificada (53 votos).
Esta nueva estrategia sirve para seguir retrasando el tratamiento de expulsión de los legisladores. Además, con el proyecto de resolución ya no existe riesgo de ser rechazado como lo fue con el anterior proyecto de ley que buscaba el autoblindaje de los congresistas, pero que fue vetado por el Poder Ejecutivo y que luego fue avalado por la Cámara de Senadores.
Una vez presentadas las propuestas se espera que el tema sea tratado en el orden del día de la siguiente semana.
Los procesos de los diputados
Ulises Quintana, diputado de Colorado Añetete, se encuentra imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Ministerio Público lo investiga por supuestos vínculos con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabañas.
El legislador oficialista se reincorporó a sus funciones legislativas tras estar recluido en la cárcel de Viñas Cué por 10 meses.
Por su parte, Tomás Rivas, diputado de Honor Colorado, está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido. El caso salió a la luz con una investigación por Última Hora expuso el caso en febrero del año 2017, conocido como .
Igualmente, Carlos Portillo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial.
El artículo 201 de la Carta Magna establece que una de las causales de expulsión de los parlamentarios es el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.