La (CSJ) resolvió en sesión plenaria del miércoles rescindir el contrato para la provisión del sistema informático de atención a usuarios para la Dirección de los Registros Públicos, tras su implementación y los problemas suscitados.
El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia remitió un informe respecto al incumplimiento del contrato por parte del Consorcio Gestión Documental Electrónica, integrado por las empresas PS Line SA, empresa Líder, Digitaliza SA y Pinheiro&Pinheiro Asociados SRL.
Con el informe, la CSJ descarta la rescisión del contrato por mutuo acuerdo, que fue planteada por el consorcio, tras las reiteradas anormalidades en el servicio y su incumplimiento, que derivó en inconvenientes de los procesos de gestión de trámites registrales y para los usuarios.
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Asimismo, apunta a que una de las anormalidades detectadas fue que el consorcio no cumplió el pliego de bases y condiciones en lo referente al módulo de mesa de entrada/salida, que no contaba con la funcionalidad del bloqueo registral, que fue calificada como de “gravedad inestimable”.
También menciona que se detectó que, pese al cumplimiento de obligaciones del contrato referente a contraprestación en dinero, el consorcio careció de un gerente de proyecto con la idoneidad que se requería, teniendo en cuenta que se trata de procesos registrales, cuyo sistema informático debía cumplir con los principios y seguridades propios del Derecho Notarial.
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“Quedó igualmente detectado que el consorcio procesó 47.070 expedientes ingresados, pero que por la inconsistencia del sistema operativo debieron ser tramitados de vuelta con el anterior sistema y los inconvenientes ante los usuarios”, remarca la CSJ.
Finalmente, se informa que tras comunicar al consorcio la decisión, la empresa de seguros y la , se encargará a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) proseguir con los trámites que correspondan.
Tras las quejas y las manifestaciones de escribanos, la tuvo que volver a su sistema anterior.
Los escribanos también pedían la destitución de la directora de Registros Públicos, Lourdes González Pereira, quien, señalan, lleva más de dos décadas en el cargo sin lograr ordenar la institución.