“Claramente, no se trata de hacer justicia. Solo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”, señaló en Twitter a pocas horas de tener que acudir a los tribunales federales de Buenos Aires.
Fernández, senadora desde 2017, está acusada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato y de fraude al Estado por supuestas irregularidades en la adjudicación al empresario Lázaro Báez -encarcelado desde 2016- en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo, de 52 obras públicas, por unos 46.000 millones de pesos (unos USD 1.000 millones).
La Justicia cree que la viuda del también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), y miembros de su Gobierno como el ex ministro de Planificación Julio de Vido, crearon un sistema para apoderarse de fondos asignados a proyectos viales.
Según expresó en las redes sociales, a este juicio oral, el primero en su contra, jamás debió haber sido citada.
Lea más:
“Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este Gobierno en el banquillo de los acusados, en plena campaña presidencial”, añadió, apenas tres días después de que anunciara por el mismo medio que integrará una formula electoral para las elecciones de octubre próximo como candidata a vicepresidenta.
Así y todo, la ex mandataria remarcó que, una vez más y como siempre lo ha hecho, volverá a ir a los juzgados, adonde desde abril de 2016 ha ido cada vez que la han llamado a declarar como imputada en la decena de causas en las que ya está procesada.
“Pese a todo, volveré a ir. No como otros que desde Comodoro Py (como se conoce a los juzgados) acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan in fraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías”, subrayó en referencia al fiscal Carlos Stornelli, encargado de una de las causas que la afectan e imputado por presunto espionaje.
Fernández relata que la citación de hoy por el inicio del juicio de la causa conocida como “Vialidad”, se trata de una denuncia efectuada por el Gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo “enteramente” en la provincia de Santa Cruz.
“No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008 armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la Justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito”, enfatizó la senadora.
“Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la Gobernación de la provincia”, consideró.
Nota relacionada:
En este sentido, insistió en que jamás intervino en los expedientes administrativos que se realizaron por esas obras y aclaró que entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas “existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”.
“Las pruebas por las que fui acusada son las leyes nacionales de presupuesto aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Nación, los DNU (decretos de necesidad y urgencia) de ajustes presupuestarios de toda la Administración Pública Nacional y las Decisiones Administrativas dictadas por los Jefes de Gabinete”, indicó.
La ex presidenta critica que, como guinda del pastel, también utilizan la declaración del arrepentido coucheado Leonardo Fariña y las de la diputada oficialista Paula Oliveto y un libro del periodista Daniel Santoro, a quienes señala como imputados en el mismo caso que Stornelli.
“Los juicios deben buscar la verdad. Pero aquí no parece que esto vaya a ocurrir”, reprochó.