La Constitución Nacional prohíbe que un candidato a la presidencia (y a muchos cargos electivos) sea dueño de un medio de comunicación, pero no que –una vez electo y ejerciendo el cargo– un pariente suyo los pueda adquirir.
La promocionada compra de los medios del Grupo La Nación –que incluye a los diarios La Nación y Crónica, y a las emisoras 970 AM y Montecarlo FM– por parte de Sarah Cartes, hermana y principal socia comercial del presidente Horacio Cartes, es una operación comercial con un evidente trasfondo político.
Aunque prometan que no se alterará la línea editorial, resultará difícil que desde medios de la familia presidencial se pueda desarrollar un periodismo crítico ante cualquier abuso del actual Gobierno, que es lo que idealmente se espera de los profesionales de la comunicación: que sean los contralores del poder.
Por lo que se sabe, hace rato que Cartes y su entorno buscaban incorporar medios de comunicación a su gran red de empresas y negocios. Una leyenda –hasta ahora no desmentida– asegura que, en los inicios de su campaña presidencial, el propio Cartes hizo una tentadora oferta para comprar el diario Última Hora, pero aquello no prosperó.
Más allá de los beneficios que esta compra pueda traer a periodistas y trabajadores del Grupo La Nación –asegurar fuentes de empleo y pagar la millonaria deuda con el IPS–, preocupa el irregular manejo de los muchos medios de comunicación que están en poder de políticos y autoridades, en general también ligados a poderosos grupos de negocios (lícitos o ilícitos).
La supuesta barrera constitucional para que los dueños de medios no puedan acceder a cargos electivos nunca se hizo cumplir. Los candidatos hacen una pequeña “trampita”, pasando sus acciones de propiedad a manos de algún familiar y la Justicia Electoral no se da por enterada, aunque los veamos usar sus medios para promocionar sus candidaturas, atacar a sus adversarios, promocionar “obras de Gobierno” y consolidar su imagen política, antes que para hacer verdadero periodismo.
En regiones como Amambay, Canindeyú, Concepción o San Pedro, los nexos de los propietarios de radios, canales de televisión abierta o de cable, periódicos impresos o digitales, se tocan además abiertamente con los tentáculos del crimen organizado y del narcotráfico. Y esa lucha política abierta que se da a través de los medios también prosigue a balazos en las calles, cobrando la vida de muchos periodistas y trabajadores de la comunicación.
Habrá que ver cómo se desempeña la familia presidencial en el negocio del periodismo. Por fortuna hay diversidad de voces y además tenemos redes sociales en internet que equilibran a los monopolios de medios.