De cara a unas nuevas elecciones generales, sin embargo, vale la pena instalar nuevamente en el debate esta materia pendiente para los sucesivos representantes del pueblo.
Para ello, pasaremos a usar de base los recientes reportes que ha venido publicando la organización Desarrollo en Democracia (Dende) en los últimos días. Estos informes fueron elaborados por su unidad denominada Observatorio del Gasto Público.
Los documentos de la organización revelan que el gasto de las entidades que componen la Administración Central del Estado se ha quintuplicado en un periodo de 20 años. Pasó de los USD 1.362 millones en 2003 a los USD 7.667 millones en 2023.
Prosigue detallando las variaciones por poderes. Así, en el Ejecutivo, el presupuesto se ha decuplicado, es decir, se ha multiplicado por 10; en el Legislativo casi se ha cuadruplicado; y en el Judicial se ha sextuplicado.
A la hora del análisis por rubro, se puede ver que el desembolso de la Administración Central en los servicios personales se ha disparado casi en un 700%, alcanzando los USD 2.900 millones en este 2023. Esto implica un gasto que estará por los USD 8 millones/día. Dentro de este componente están incluidos los salarios y beneficios ligados, como bonificaciones, gratificaciones ocasionales y horas extras, entre otros.
A esto se suman otros datos bastante aplastantes que divulgó Dende: en coincidencia con periodos electorales, el gasto en salarios y beneficios ha crecido en 95% en 2003/2008, 123% en 2008/2013, en 35% en 2013/2018 y también en 35% en 2018/2023.
Para seguir incorporando a operadores, amigos o simplemente votos útiles, los actores políticos han incrementado en un 60% la cantidad de instituciones que componen la Administración Central, pasando de 20 en 2003 a 32 en este 2023. Así, el gasto en sueldos representa, en promedio, el 35% de todo lo que gastan los entes año tras año.
Del reporte se confirma que, evidentemente, la prioridad de las sucesivas administraciones y de los legisladores de las últimas dos décadas ha sido mantener el aparato estatal, una historia que se repetirá este año.
Los gobiernos y parlamentarios que han pasado se han preocupado solamente en seguir abarrotando las oficinas públicas, acabando con todo intento genuino de cambio o de mejora en algún sentido. Ejemplos claros son la matriz salarial del 2014, casi totalmente perforada en la actualidad; y el proyecto de ley del servicio civil, un planteamiento que pretende reformar la función pública, pero que duerme el sueño de los justos en el Congreso, junto al proyecto de ley que pretende prohibir aumentos salariales en tiempos electorales.
Esta ambición sedienta y casi obsesiva, le costó caro a la ciudadanía. Los datos de Dende indican que, en cuanto a las inversiones en infraestructura y servicios, si bien es cierto que se han triplicado entre el 2003 y este 2023, para este ejercicio se tiene prevista una asignación de solamente USD 900 millones. Esto es tres veces menos de lo que se gastará en salarios.
Así, al cierre del 2022, el déficit en infraestructura llega a los USD 36.000 millones aproximadamente. El déficit en los servicios básicos, por su parte, es incalculable. Basta con recordar los cuantiosos cortes de luz, las penurias urbanas y rurales por falta de agua y saneamiento, o el pobre internet que ofrece el Estado en una era ya casi 100% digital.
“Si buscás resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, reza una frase harto conocida de Albert Einstein. Estos tiempos nos llaman a una profunda reflexión a la hora de entregar nuestros votos. La misma conducción política solamente nos llevará a ampliar las enormes brechas entre los privilegiados de siempre y el resto de la población.