Giuzzio mencionó que el caso de la teniente Carmen Quinteros se inició hace varios meses cuando la misma solicitó permiso después de dar a luz a su hijo. La oficial militar fue sancionada por un acto de indisciplina.
“La impresión que uno tiene es que se pretende sancionar por ser la única que osó reclamar sus derechos. ¿Por qué no se dio lo mismo en los otros tantos casos de mujeres que estaban en la misma situación dentro de las Fuerzas Militares?”, expresó el legislador durante la sesión del Senado.
Sostuvo que se está enviando una imagen de que serán sancionados por falta de indisciplina si reclaman sus derechos.
“Ante la negativa de responder a esos derechos, esta funcionaria reclama judicialmente esta situación. La propia Comandancia no hace lugar a la orden judicial por un dictamen del asesor jurídico de esa institución. La orden judicial se cumple y no se discute en ese momento”, afirmó.
Al respecto se preguntó dónde está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, cuyas autoridades dicen no tener competencia sobre el tema.
“El caso de Quintero desnuca la fragilidad institucional de nuestros ministerios. En cualquier país serio, las Fuerzas Militares deben someterse al poder civil y una orden judicial debe cumplirse”, añadió.
Así también, recordó que las autoridades castrenses fueron denunciadas por desacato, pero el Ministerio Público no hizo nada hasta el momento. En forma irónica, refirió que siguen estudiando quién investigará la causa y solo faltan dos meses para que prescriba.
“La realidad y en el fondo de esta cuestión es una lucha solitaria de una mujer que enfrenta a todo el sistema judicial militar para exigir sus derechos”, sentenció.
El Juzgado Penal de Sentencia Nº 4 hizo lugar al hábeas corpus preventivo promovido por el defensor del Pueblo, Miguel Ángel Godoy. De esta manera, la teniente Carmen Quinteros, quien pidió consideración para amamantar a su bebé, no irá a prisión. Sin embargo, las Fuerzas Armadas presentaron una apelación.
El estamento castrense mencionó que nunca le fueron negados los derechos establecidos en la Ley de Lactancia Materna. Señaló, asimismo, que no se han cometido abuso de autoridad ni acto de injusticia con la madre militar ni miembro alguno de la Armada.