El abogado Diego Storto, quien representa al detenido jefe de la barra brava de Boca Juniors Rafael Di Zeo, informó sobre el pago de USD 8.000, monto fijado por el fiscal Aldo Cantero por los daños ocasionados en los desmanes producidos por hinchas del Boca Juniors en la capital del país.
“Creemos que Di Zeo estará preso hasta el día de mañana. El fiscal dijo que se debe hacer un resarcimiento por los daños. Estamos seguros de que van a recuperar la libertad este lunes luego de pagar”, expresó a Crónica Tv, de Argentina.
El juez Rubén Ayala Brum decretó este sábado la prisión preventiva de Rafael Di Zeo, Elvio Javier Luis Sosa, Federico Luis Finochieto, Sebastián Marcelo Saravia, Mauro Leandro Martín y Ramón Jesús Vedoya, líderes de la barra del club argentino.
La Fiscalía los imputó por los delitos de perturbación de la paz pública y amenaza de hecho punible.
Ellos, junto con otros 231 hinchas que ya fueron expulsados del país, cometieron actos de violencia en la zona de la avenida Artigas y Perú, barrio San Felipe de Asunción, durante el jueves pasado, antes del encuentro deportivo contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores de América.
Los investigadores registraron agresiones, destrucción material, amedrentamiento a varias personas y sustracción de pertenencias a familias damnificadas por la crecida del río Paraguay.
El abogado también comentó que la Policía Nacional emitió un comunicado en el que responsabilizó a los agentes de la motorizada que dirigían a los conductores de los ómnibus. Señaló que los mismos ya fueron individualizados y puestos a disposición del Ministerio Público por su deficiente labor.
También descartó que los fanáticos de Boca hayan portado armas. “Nada de lo que se dijo sobre disparos y agresiones es así. De hecho, el resto de los hinchas ya están en Buenos Aires. Los seis que quedaron están como fianza para cubrir los daños, pero no por un delito penal”, indicó.
Aurelio Marín, jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, mencionó que los seis hinchas detenidos permanecen juntos en una celda a la espera de un nuevo llamado del Ministerio Público.