Los mismo fueron remitidos a la cárcel de Emboscada por orden de las juezas Blanca Gorostiaga, Mesalina Fernández y Alba María González, quienes dispusieron la prisión preventiva de los indígenas de la comunidad Paz del Chaco, de Presidente Hayes.
La denuncia pública del caso había sido hecha por la organización Tierra Viva en su portal web el pasado 20 de noviembre.
El día viernes 21 de noviembre, la Dirección de Seguimiento a la Situación Procesal del Ministerio de Justicia inició los trámites con el objetivo de lograr la libertad de los señores Antolin Ayala (78 años), con dificultad para desplazarse -tiene la pierna derecha amputada- y Erich Giménez (74), ambos indígenas, recluidos en la penitenciaría Juan Antonio de la Vega (Emboscada).
Fue liberado además Rofino Giménez (45 años), hijo de Erich, procesado en la misma causa, debido a que se ha demostrado que no se ha dado cumplimiento al debido proceso, ya que no se dio intervención, en el marco de su proceso, a un técnico especialista indigenista.
En estos casos, la ley establece la prohibición expresa de dictar prisión preventiva para personas mayores de setenta años, conforme al Art. 238 del Código Procesal Penal (CPP): “No se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de setenta años”.
El Código Procesal Penal igualmente dispone un procedimiento especial para los hechos punibles relacionados a los pueblos indígenas, obligando a los Juzgados y Tribunales contar con una pericia socio-antropológica para determinadas resoluciones judiciales que puedan poner en riesgo el modo peculiar de vida de personas pertenecientes a pueblos indígenas, sobre todo si se afecta el derecho a la libertad.