Mareos, vómitos, diarrea, fiebre... La muerte de dos niñas (una de ellas bebé), la internación grave de otras dos y la afección de una veintena de adultos en la localidad campesina de Huber Duré esta semana disparó nuevamente la denuncia que diferentes grupos sociales promueven desde hace por lo menos una década: la intoxicación por agrotóxicos en las proximidades de los sojales transgénicos que son rociados desde aviones o tractores fumigadores.
Aún cuando la autopsia –llamativamente– estará en un mes según los primeros informes, también –llamativamente– voceros de la fiscalía ya preopinan indicando que todo remite a un cuadro de neumonía como alegaron los médicos que asistieron a las fallecidas que, pese a su gravedad, no fueron internadas y volvieron a sus casas al límite de los sojales para empeorar y morir.
Esta historia es repetida. Cotidianamente aparecen numerosos casos que por afectar siempre a pobres no repercuten. El caso de Silvino Talavera, un niño campesino de 11 años, muerto por efectos del agrotóxico en 2003 y que llevó a 2 colonos a prisión por dos años, después de un sostenido litigio y de denuncias locales e internacionales, es el más conocido. Sin embargo, en los asentamientos humanos al borde de los sojales –ya sean campesinos o indígenas– las historias se repiten por miles, a los que debemos agregar otros cuadros como malformaciones, abortos inexplicables, escabiosis, descomposición de piel, múltiples complicaciones respiratorias y alergias exponenciales.
Lógicamente algunas alteraciones en los metabolismos humanos están produciendo los químicos de los agentes fumigantes.
El de Huber Duré es una muestra más de esa colección de denuncias que existen. Las organizaciones campesinas no es que no expusieran los casos en las instancias oficiales, del Estado, del Gobierno; sencillamente no se les hace caso.
El mismo ministro de Agricultura, Jorge Gattini, se burla de estos reclamos; sin embargo, cuando los labriegos le propusieron beber agua de los arroyos rociados o fumigar su jardín con la misma sustancia química, pidió protección de agentes antimotines.
Las poblaciones al borde de estos cultivos agonizan sin excepción; y las autoridades hacen la vista gorda.
A estas alturas, los sojales se volvieron tan o más peligrosos que el propio EPP, y no vemos a los organismos del Estado preocuparse por su letalidad.