La situación de rechazo ciudadano hacia el último acuerdo firmado por los presidentes Macri y Cartes sobre la Entidad Binacional Yacyretá la crearon las propias autoridades del Gobierno paraguayo, cuyo mandato fenece la próxima semana.
De hecho, lo que este Gobierno presentó como un acuerdo histórico y como un éxito de su gestión, al concretarse en mayo del 2017, en estos momentos, en la percepción ciudadana definitivamente no es así. Y qué bien que se haya producido esto.
Vean si no que en estos momentos, Yacyretá es un tema sobre el cual “el común” está hablando. Saltó a la agenda ciudadana y está comenzando a convertirse en un asunto de interés general sobre el que también aumentó la demanda informativa.
Se instaló en la gente una inusual necesidad de comprender qué gana y qué pierde Paraguay con este nuevo entendimiento alcanzado con Argentina sobre la EBY, y, particularmente, qué sucede con la soberanía energética.
Pero esto que está sucediendo, que parece extemporáneo, no es resultado de una estrategia de comunicación del Gobierno ni de Yacyretá, motivada por la transparencia y la convicción de que se gobierna a la luz pública para el público, sino porque sectores críticos de la ciudadanía se percataron de que es un tema demasiado relevante que tiene que socializarse.
¿Por qué no sucedió esto antes de que Macri y Cartes suscribieron el acta de entendimiento y los cancilleres las notas reversales?
La respuesta está en la política de la opacidad del Gobierno que en contradicción con la ley de acceso de información pública, aprobada en el periodo que llega a su fin el 15 de agosto, manejó como materia de secreto de Estado el proceso de renegociación del Anexo C del Tratado de Yacyretá. El tema no fue profusamente debatido ni estuvo en todos los ámbitos como punto de discusión antes y durante las negociaciones, como debió ser.
Muestra de ello es que las publicaciones sobre este tema en los medios masivos de comunicación fueron posibles porque algún técnico o parlamentario filtraba algunos datos. Sobre todo, los puntos plasmados en la Nota Reversal suscripta por los cancilleres en setiembre del año pasado sobre el reordenamiento financiero de la EBY.
Hoy, como resultado del poco apego a transparentar estas cuestiones, algo del que el Gobierno se había jactado, termina cubierto de sospechas, dudas, y se vea como un asunto decidido a espaldas de la gente. Como ya en plena campaña electoral, nos lo advirtió el presidente electo, Mario Abdo Benítez. Aunque ahora él piense distinto, quizá porque por fin accedió a la información completa de cómo se llegó al acuerdo. O, será que ya está manejando otros datos que continúan manteniéndonos ocultos a los ciudadanos comunes.
La lección que debemos rescatar es que todo cuanto esté vinculado con las empresas hidroeléctricas del país, no nos debería pasar inadvertido. Que los ciudadanos debemos exigir claridad sobre estos temas, y esforzarnos por comprender qué es lo que en nombre nuestro y de nuestros hijos y nietos están negociando. Esto es ejercer ciudadanía.
Pero también pedir explicaciones, cuando estas, como en el caso Yacyretá, se retacean o prácticamente no existieron. Por eso, lo bueno de estas vísperas de un nuevo Gobierno es que mucha gente demuestra que ya no tolerará que sus mandatarios no le rindan cuentas en tiempo oportuno.
