Urdapilleta pidió que no se tome como cierta la queja que hizo un familiar en comunicación con Monumental AM 1080, pues la persona que lo hizo ni siquiera se identificó. “Si es una denuncia realmente debería hacerlo con propiedad a las autoridades correspondientes, que en este caso sería al comandante de la FTC o a la unidad a la que pertenece”, expresó.
Explicó que los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta reciben constantemente los víveres y ellos mismos son los encargados de la elaboración de sus alimentos. “Quizás la comida no sea igual a la de Asunción o a la que suelen estar acostumbrados a comer”, dijo, pero aseguró que es mentira la falta de suministros.
Sospecha que la queja proviene de destacamentos fijos, es decir, de la 4.ª División de Infantería que opera en Concepción o de la 3.ª de Caballería que tiene responsabilidades en San Pedro.
El coronel insiste que se trata de una declaración infundada. “Sería una suerte de operación psicológica de la FTC o mismo de la sociedad, que escucha este tipo de denuncias”, manifestó.
Advirtió que en estas fechas suelen surgir este tipo de denuncias por parte de personal descontento que quiere pasar la Navidad y Año Nuevo con sus familiares y, sin embargo, deben trabajar en la seguridad en los departamentos del Norte.
Sobre las guardias privadas en las estancias dijo que cada caso es particular, pues algunos establecimientos fueron objetos de ataques terroristas como en Paso Itá, San Pedro o Overá de Concepción.
“Si ellos están siendo maltratados, si están realizando tareas para las cuales ellos no están ahí, entonces él como jefe de ese destacamento debería informar a sus superiores para que nosotros seamos los responsables de poner bien en claro cuáles son sus funciones ante los dueños de estancias”, agregó.
La FTC se creó tras la modificación de la Ley de Defensa en el 2013 que otorga al presidente Horacio Cartes facultades para disponer del ejército en conflictos internos, sin necesidad de declarar estado de excepción, el cual debe ser avalado por el Congreso.
El grupo opera en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay para combatir y está compuesto por militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
