Creían que tenían la impunidad más absoluta. Creían que, si actuaban rápido, nadie iba a reaccionar. De ese modo, ante la iniciativa de un reducido número de diputados que iban juntando firmas para solicitar la pérdida de investidura del diputado colorado José María Ibáñez, por haber reconocido que pagó a sus caseros con dinero público, otro grupo mayoritario de legisladores cómplices decidió adelantarse y presentar un pedido similar, con la deliberada intención de tratarlo en una sesión y rechazarlo, para así blindar a su colega corrupto y dejarlo impune.
Ese mismo día, además, decidieron aprobar las notas reversales del acuerdo Macri-Cartes sobre la represa hidroeléctrica de Yacyretá, consideradas como una entrega de la soberanía energética paraguaya en favor de la Argentina.
Los legisladores cómplices no esperaban que la reacción de la ciudadanía fuese importante. Hacía tiempo que se había perdido la capacidad de indignación y movilización ante los hechos de corrupción, como si estos se hubieran vuelto algo normal en la sociedad paraguaya, principalmente cuando son protagonizados por dirigentes políticos y autoridades de los tres poderes del Estado. A diario los medios de comunicación han venido publicando escandalosos casos de robos y saqueos desde el poder, pero las reacciones ciudadanas se limitaban a posteos indignados en las redes sociales de internet, o a movilizaciones reducidas que no tenían mucha incidencia.
Esta vez, sin embargo, sus cálculos fallaron. Las gotas de malestar ciudadano crecieron en oleadas y desbordaron ampliamente el colmado vaso de la indignación popular. Gremios estudiantiles, obreros y empresariales empezaron a manifestar en cadena su repudio contra el diputado Ibáñez y contra quienes consagraron su inmunidad en el Congreso. Varios restaurantes y locales comerciales declararon que no les permitirían ingresar, por considerarlos personas no gratas.
Finalmente, la anunciada manifestación ciudadana autoconvocada para la noche del lunes en la Plaza de Armas de Asunción y replicada en varias ciudades del país, los puso en apuro. No les dejó otra alternativa: En horas de la tarde, Ibáñez se vio obligado a renunciar como diputado e irse a su casa. Una vez más, la clase política recibió una dura lección por parte de la gente a la que dice representar. Hay un personaje reprochable menos en el Congreso, pero quedan muchos procesados atrincherados allí, que ahora temen ser los próximos blancos de la ira popular ante la pasividad de la Justicia. Lo ocurrido debe servir como un toque de alarma, principalmente para quienes integrarán el nuevo Gobierno. Basta de robos y saqueos desde el poder. La gente ya no parece dispuesta a permitirlo.
