13 feb. 2025

Víctimas denuncian mora del Estado en cumplir sentencia

Burocracia al extremo hace que los ex reclusos del Panchito López no puedan acceder a las indemnizaciones que el Estado les debe tras un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia contra el Paraguay por la violación reiterada de derechos humanos en el penal del Panchito López, donde nuestro país, entre otras cosas, debe pagar la suma de US$ 3.676.500, halla trabas burocráticas en todo, según las víctimas y una profesional del derecho. Unas 18 personas son las que recibieron las indemnizaciones.
La abogada de Derechos Humanos Raquel Talavera acompañó a un grupo de víctimas y parientes de los internos que estuvieron en el incendio ocurrido en el penal de menores en el año 2000. Fue una de las que lograron la condena ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Llegaron a nuestra redacción María Rosa Virginia Báez, madre de Arsenio Joel Barrios, que fue muerto en el penal de Tacumbú; María Luz Sanabria, Eduardo Vera, quien era recluso en el Panchito López; Dirma Pena, hermana de Pedro Iván Peña, otra de las víctimas; Albino Andrés Cañete Chamorro y Rosana Cañete, ambos hermanos de José Milciades Cañete, quien recuperará su libertad la próxima semana.

EN MORA. Eduardo Vera, quien en el 2000 estuvo en el siniestro, que les costó la vida a varios reclusos, comentó que hasta ahora el Estado paraguayo está en mora en todo sentido. Denunció también que varios abogados quieren aprovecharse de las víctimas.
“No es sólo el dinero, sino la asistencia médica, sicológica, educativa, que también son puntos de la sentencia de la Corte Interamericana”, señaló. Hasta ahora, pocos son los que cobraron la indemnización –explicó–, ya que existen muchas trabas.
Habló de las cédulas de identidad, por ejemplo, que no tienen muchas víctimas, pese a que estuvieron en un penal. Vera señaló un caso en el que no quisieron expedir una cédula porque al ex interno le faltaba un dedo en la mano izquierda, y creyeron que no les tomaron todas las huellas digitales.
Refirió también que la ex ministra de Salud, Teresa León, dispuso la prestación de asistencia gratuita médica y/o sicológica para los ex internos del Panchito López, para lo que les proporcionaron un carné. No obstante, el documento no es reconocido en los centros asistenciales, por lo que “no sirve para nada”, afirmó.

INFIERNO. Eduardo Vera recordó que en febrero del 2000 estaba en el penal cuando ocurrió el incendio. Comentó que en aquella ocasión los guardias pusieron tres candados para que los internos “no escaparan” pese a las llamas.
“Los bomberos discutieron con los guardias, pero como estos se negaron a abrir las celdas, rompieron las paredes y nos rescataron. De lo contrario, hubiésemos muerto todos los 42 reclusos que estábamos allí", rememoró.
Con respecto a la sentencia de la CIDH, señaló que cobran una parte del dinero, pero que como no tienen la asistencia médica, la mayor parte del dinero va para los tratamientos médicos que supuestamente el Estado debía pagar. Dice que quería usar el dinero para poder ganarse la vida.
Los familiares de víctimas lo llaman “el abogado”, porque es el que más lucha por los derechos. Las autoridades, por su lado, alegaron incluso que tenía problemas sicológicos, pero él asegura que no es así y que sólo espera justicia.

Raquel Talavera
Abogada

“El Estado se encuentra en mora. Existe mucha burocracia, que hace que a tres años del fallo, recién se haya depositado un 18% del monto total de las indemnizaciones”, dijo la abogada Raquel Talavera. Se quejó de que las autoridades no hicieron como las víctimas de la dictadura, que con la cédula ya pueden cobrar en Hacienda. Para ellos hay una cuenta judicial, de la que no se puede cobrar sin patrocinio de abogados. “Hay colegas que sólo quieren aprovecharse”, remarcó. Denunció incluso al abogado Francisco Ferreira Sanabria, que cobró mucho dinero a Felipa Vera, madre de Eduardo Vera.