Domingo|2|NOVIEMBRE|2008
EMAIL: estelaruizdiaz@uhora.com.py
***
Fernando Lugo está hoy entrampado en su propio discurso. Aún está fresca aquella declaración en la que justificaba la invasión de tierras como recurso extremo de la lucha campesina. Dijo que es una etapa necesaria a la que se llega si el Estado no funciona, si no da respuestas a las demandas populares. También calificó de terroristas a los que usan en forma indiscriminada e irracional los agrotóxicos porque no solo matan el medio ambiente sino también a los seres humanos. Los sojeros se pusieron el sayo y ardió Troya por unos días.
Atrás había quedado su frase “mbytetépe, poncho jurúicha” (en el medio, como la boca del poncho) con la que espantó fantasmas ideológicos durante la campaña.
El presidente tiene razón en ambos planteamientos. En el primer caso estaba defendiendo el derecho popular ante la inacción de un Estado que sigue estando ausente en la solución socioeconómica. En el segundo, también.
Pero Lugo parece no haber evaluado en su justa dimensión el impacto de sus palabras.
Él ya no es el obispo de los pobres cuyas palabras pueden levantar revuelos mediáticos, pero que como toda polémica se esfuman con el correr de las horas. Hoy es el presidente de la República que debe actuar como un perfecto equilibrista aplicando la ley en justa medida.
Lugo ya dejó de ser el diagnosticador de la situación social. Es el que debe dar las recetas, las soluciones.
La lucha por la tierra vive uno de sus capítulos más álgidos en el conflictivo San Pedro, donde las organizaciones campesinas están en pie de guerra contra los brasiguayos.
Los sintierras acusan a los colonos brasileños dedicados a la plantación de la soja de fumigar en forma criminal, sin respetar las mínimas reglas medioambientales, además de cuestionar su derecho a la tierra. Se instaló una guerra con fuerte tufo xenofóbico contra los colonos.
También acusan al Gobierno de proteger a los brasiguayos enviando policías al campo para proteger los cultivos.
Los sojeros, por su parte, pegan el grito al cielo y reclaman acciones más duras del Gobierno como la militarización del campo.
Hay cientos de campamentos campesinos a la vera de tierras supuestamente malhabidas a punto de ser ocupadas.
La crisis del campo es muy compleja. Es una peligrosa granada que puede explotar si el Gobierno no logra con éxito maniobras estratégicas.
Los campesinos tienen razón en sus históricos reclamos de tierra, y en sus críticas por la ausencia del Estado en los asentamientos (salud, educación y condiciones de mercado para su producción).
Los brasiguayos, miles de ellos más paraguayos que brasileños, tienen razón en sus justos reclamos por más seguridad y respeto a la propiedad privada.
La crispación ha llegado a tal límite que el escenario se ha vuelto gris, donde hay buenos y malos en ambos bandos.
La mayoría de los sojeros no cumplen con las leyes ambientales y envenenan la zona con las fumigaciones irracionales. El debate sobre los peligros de la soja y la destrucción de la tierra es un tema abierto y polémico. Desde el Gobierno se habló incluso de la posibilidad de zonificación.
Es cierto también que algunos campesinos son invasores profesionales y que varios asentamientos son guaridas de delincuentes.
Es cierto también que hay fiscales y jueces que emiten resoluciones a mansalva para favorecer a los sojeros, sin tener en cuenta el contexto histórico del conflicto de la tierra y el derecho de los más débiles.
Lugo tiene una granada en su mano. La crisis del campo no se solucionará con lágrimas ni declaraciones compasivas, a no ser que el objetivo político no declarado sea “dejar hacer” para ver hasta dónde la sociedad aguanta esta presión. Entonces sí encajan el discurso de Lugo y la acción débil del Gobierno.
Si en contrapartida pretende una solución, debe tener no solamente mano firme sino también visión geopolítica. El tema brasiguayo encierra problemas más allá de la tierra: la renegociación del Tratado de Itaipú y la formalización del comercio en la frontera son las armas poderosas de Lula. El Gobierno brasileño exigió oficialmente protección a sus conciudadanos. El Gobierno paraguayo promete garantías de seguridad, pero hasta ahora no logra controlar la zozobra en la zona.
Florencio Martínez, un dirigente sintierra detenido el viernes, dijo que “el pueblo es soberano y expulsará a los colonos brasileños. No queremos más brasileños en esta zona y no queremos dialogar con el Gobierno, tomaremos nuestras propias decisiones contra los invasores brasileños”.
El Gobierno, atrapado por la crisis y para aparentar que no perdió el control en San Pedro, salió a defender el derecho a la propiedad privada y el derecho de los productores a sembrar en sus tierras. Que la ley se aplicará a todos por igual: paraguayos y brasiguayos. Pobres y ricos.
Con semejante panorama, quizá Lugo alargue su estadía por Centroamérica y aquí siga peleando un solitario Filizzola, que encima tiene un victimizado vicepresidente que a cada rato reclama atención.