Mencionó a la conductora Mina Feliciángeli que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “ya dijo sin mostrar una sola acta, sin publicar los resultados, sin mostrar absolutamente ninguna prueba de ese resultado que Nicolás Maduro es el ganador y lo proclamó sin decir cuántos votos definitivamente sacó”.
Sostuvo que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Electoral está constituido por tres magistrados que también fueron designados por Nicolás Maduro. “El mismo que inhabilitó a Corina Machado es presidente del Tribunal”, dijo con referencia a Elvis Amoroso. Resaltó que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha publicado las actas para decir quién ganó y dónde están las pruebas de quién ganó.
Por su parte, Sixto Pereira participó como observador electoral y destacó cómo se dio el proceso electoral, señalando que fue sin muchos inconvenientes. Contó que había un acuerdo firmado por algunos partidos de respetar los resultados del sufragio.
Puso en contexto la enemistad entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela por el petróleo que tiene este último.
“Yo no voy a entrar a discutir, hubo fraude o no, porque hay una cuestión de creo que 30 días de plazo para presentar la definición de los resultados, pero la ley electoral también habla de un porcentaje para anunciar la victoria de cualquiera de los candidatos”, indicó.
Agregó que en estos momentos también electorales es donde los partidos pueden recurrir a presentar sus quejas.
“El tema geopolítico es el tema de fondo y ahí van a entrar a disputar ya los intereses económicos”, señaló.
El ex senador fue cuestionado por Medina, quien le reclamó su defensa a la ideología de Maduro. Pereira respondió que va a seguir “mientras haya injusticias”.
Instó al venezolano a defender la autodeterminación de su país y finalmente le dijo que vaya “a cacarear a su país y no en Paraguay”. Medina le respondió que trabaja de manera legal.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, mencionó a Mina Feliciángeli que los datos que salen a luz, inició con el examen de correspondencia que el mismo presidente Mario Abdo Benítez solicitó en setiembre del año pasado. Seguidamente, citó que se hizo la trazabilidad y el análisis con documentos de DNIT y de las empresas. Uno de los puntos importantes hallados fue que el 66% de las reservas estaban constituidas en deudores por ventas, pero no constituye una ilegalidad. Por su parte Óscar Orué, titular de DNIT manifestó que evidentemente lo que llama la atención es que en el momento que Mario Abdo era presidente, el volumen creció. Citó que se trata de 1.300% en una empresa y 800% en la otra. Orué resaltó el trabajo que deberá hacer la Fiscalía, ya que tanto la Contraloría como la DNIT no se encargan de ver si hay indicio de hechos punibles. Sostuvo que no hay problemas tributarios en este caso. “Se trata de una cuestión de análisis más profundo”, indicó.
