Editorial

Utilizar la información pública para servir mejor a la ciudadanía

La pandemia es una oportunidad para mejorar los sistemas de información de manera que garanticen una mejor llegada del Estado a la ciudadanía. Un rol fundamental del Estado es implementar políticas para el ejercicio pleno de los derechos. Eso requiere información de manera a evitar intermediaciones perversas de políticos prebendarios, partidos políticos, iglesias o cualquier otro mecanismo que rompa con la institucionalidad pública. La experiencia negativa reflejada en el inicio de la gestión de la crisis del coronavirus debe llevar a las autoridades a tomar conciencia y a mejorar su vínculo con la ciudadanía a través de los mecanismos de información disponibles.

Una clara señal de la vigencia de un Estado de Derecho es la eliminación de interlocutores que supuestamente representan o llevan la voz del “pueblo”. El gran cambio de un Estado feudal hacia Estados republicanos es el vínculo entre las instituciones estatales y la ciudadanía superando la intermediación de otras instituciones, sobre todo las que tienen algún tipo de interés particular o sesgo.

El rol protector del Estado es uno de los más antiguos en la historia de la humanidad. Los mecanismos modernos de operacionalización de esta función son los sistemas de protección social cuyos principales instrumentos son la seguridad social, el seguro de desempleo, los seguros agroclimáticos o las transferencias monetarias.

En esta crisis, los países desarrollados incorporaron importantes medidas de protección al empleo, adicionales a las tradicionales citadas en el párrafo anterior. Esta asistencia no fue generalizada, sino de acuerdo con el efecto de la pandemia en cada rama de la economía.

Los dos grupos de actividades más afectados en cualquier país, independientemente del tipo de cuarentena –más cerrada o más flexible–, son los gastronómicos, el turismo o el trabajo por cuenta propia. Estos sectores fueron objeto de medidas inmediatas y específicas, las cuales exigieron al Estado contar con información sobre las empresas y los trabajadores afectados. El mecanismo de información más utilizado fue el de la seguridad social. Lastimosamente en Paraguay la seguridad social tiene baja cobertura; sin embargo, existen otras fuentes que al parecer no fueron utilizadas para acelerar la implementación de las medidas.

Esperemos que el Estado pueda organizar los datos generados a partir de los programas recientemente implementados para apoyar las políticas públicas y evitar de una vez por todas la intermediación de políticos y el tráfico de influencias que contribuyen a la persistencia de conductas clientelares y prebendarias, destruyendo cualquier aspiración de construcción de una sociedad democrática.

El debilitamiento de la igualdad de oportunidades constituye el socavamiento de un principio básico de la democracia liberal, poniendo en riesgo no solo la posibilidad de un buen desempeño social y económico de las personas, sino también la sostenibilidad del crecimiento económico y la legitimidad política.

Un programa, aunque esté bien diseñado, si no cuenta con buenos mecanismos de información para llegar a los titulares del derecho no solo será ineficaz en el logro de sus resultados, sino también ineficiente, porque probablemente terminará beneficiando a quienes no son sujetos del mismo y excluyendo a quienes sí tienen el derecho.

Sabemos que el Estado paraguayo no puede llegar a todos a la vez; no obstante, con datos apropiados puede priorizar en la implementación de otros programas existentes o por existir. Por otro lado, debe cuidar el uso de dicha información para que no acabe en manos de políticos inescrupulosos o estigmatice la pobreza e informalidad. El Gobierno tiene la oportunidad de mostrar que puede hacer bien las cosas utilizando la información de manera correcta y oportuna para salvar de la pobreza a miles de compatriotas.

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