29 mar. 2024

Uso discrecional de los recursos públicos en salarios de Itaipú

Los salarios pagados a funcionarios del lado paraguayo de Itaipú, muchos más altos de los que se pagan en el lado brasileño, según una reciente publicación de este diario, constituyen otra muestra más de que el propio Estado crea privilegios destinados a alimentar a una clase política totalmente desconectada de la realidad nacional. La misma clase política que se ha beneficiado históricamente con los recursos públicos para permanecer en el poder y que ha hecho poco o nada por el bienestar de la población. En este contexto, se puede empezar con una reforma salarial; sin embargo, es necesario impulsar un cambio estructural que garantice la dirección de los entes binacionales hacia los objetivos de la nación y los derechos y necesidades de la ciudadanía.

La sociedad paraguaya debe poner atención no solo a la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, sino también al funcionamiento cotidiano de los entes binacionales, ya que, como paraguayos y paraguayas, estas instituciones también le pertenecen, como cualquier ente público.

Más allá de las diferencias matemáticas entre los salarios de las autoridades paraguayas y brasileñas, como de varios niveles de funcionarios, lo que realmente muestran las brechas es la indecencia de quienes toman y tomaron las decisiones en las instancias de decisión de los entes.

Los niveles salariales, así como la ausencia de mérito y capacidades para el ejercicio de los cargos, se limitan a un problema administrativo que se resuelve con reformas salariales o la implementación de una carrera profesional. Lo realmente estructural e indignante es el abuso de poder y la discrecionalidad en el manejo de recursos que le pertenecen al Estado paraguayo; es decir, a su ciudadanía.

Así como se pagan salarios altos desvinculados de las capacidades profesionales, de las responsabilidades que asumen, de los resultados que generan y del contexto nacional, también históricamente se utilizaron los recursos para alimentar la prebenda política y los negocios privados de los amigos de turno.

Solo basta analizar algunos hechos en los últimos dos o tres años y las declaraciones de los diferentes sectores políticos y económicos para ver quiénes se han beneficiado históricamente de los recursos utilizados por las binacionales.

Mientras gran parte de la ciudadanía se escandaliza con los negocios turbios aprobados y ejecutados por los mismos que cobran salarios siderales, otros sectores se declaran a favor de mantener el status quo. El posicionamiento silencioso, neutro o a favor de las decisiones en los entes es la mejor manifestación del uso de los recursos de manera privilegiada y dirigida a sectores minoritarios en contra de las necesidades y derechos de la mayoría.

No solo los salarios son una afrenta a la condición económica de más del 90% de la población, sino también la gestión en los cargos que no se revierte en beneficio público; al contrario, los beneficios han sido fundamentalmente privados.

Aun cuando se le otorgue un ropaje social y meritocrático, las mismas quejas que se escuchan sobre la gestión de las instituciones públicas nacionales también se escuchan en la gestión de los entes binacionales. El nepotismo, el beneficio a la clientela política, los privilegios a los amigos y parientes y los negocios privados con todo tipo de empresas y no solamente con las llamadas “de maletín” están a la orden del día.

Las diferencias con el Brasil en materia salarial y de cantidad de trabajadores muestran claramente que estas decisiones dependen de cada país, por lo que, como primera y urgente medida, debe plantearse una racionalización de los gastos en materia de recursos humanos, con base en criterios nacionales. En el mediano y largo plazo las reformas deben ser estructurales de manera a garantizar el bien común por encima de los beneficios y privilegios privados.

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