La sociedad paraguaya debe poner atención no solo a la próxima renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, sino también al funcionamiento cotidiano de los entes binacionales, ya que, como paraguayos y paraguayas, estas instituciones también le pertenecen, como cualquier ente público.
Más allá de las diferencias matemáticas entre los salarios de las autoridades paraguayas y brasileñas, como de varios niveles de funcionarios, lo que realmente muestran las brechas es la indecencia de quienes toman y tomaron las decisiones en las instancias de decisión de los entes.
Los niveles salariales, así como la ausencia de mérito y capacidades para el ejercicio de los cargos, se limitan a un problema administrativo que se resuelve con reformas salariales o la implementación de una carrera profesional. Lo realmente estructural e indignante es el abuso de poder y la discrecionalidad en el manejo de recursos que le pertenecen al Estado paraguayo; es decir, a su ciudadanía.
Así como se pagan salarios altos desvinculados de las capacidades profesionales, de las responsabilidades que asumen, de los resultados que generan y del contexto nacional, también históricamente se utilizaron los recursos para alimentar la prebenda política y los negocios privados de los amigos de turno.
Solo basta analizar algunos hechos en los últimos dos o tres años y las declaraciones de los diferentes sectores políticos y económicos para ver quiénes se han beneficiado históricamente de los recursos utilizados por las binacionales.
Mientras gran parte de la ciudadanía se escandaliza con los negocios turbios aprobados y ejecutados por los mismos que cobran salarios siderales, otros sectores se declaran a favor de mantener el status quo. El posicionamiento silencioso, neutro o a favor de las decisiones en los entes es la mejor manifestación del uso de los recursos de manera privilegiada y dirigida a sectores minoritarios en contra de las necesidades y derechos de la mayoría.
No solo los salarios son una afrenta a la condición económica de más del 90% de la población, sino también la gestión en los cargos que no se revierte en beneficio público; al contrario, los beneficios han sido fundamentalmente privados.
Aun cuando se le otorgue un ropaje social y meritocrático, las mismas quejas que se escuchan sobre la gestión de las instituciones públicas nacionales también se escuchan en la gestión de los entes binacionales. El nepotismo, el beneficio a la clientela política, los privilegios a los amigos y parientes y los negocios privados con todo tipo de empresas y no solamente con las llamadas “de maletín” están a la orden del día.
Las diferencias con el Brasil en materia salarial y de cantidad de trabajadores muestran claramente que estas decisiones dependen de cada país, por lo que, como primera y urgente medida, debe plantearse una racionalización de los gastos en materia de recursos humanos, con base en criterios nacionales. En el mediano y largo plazo las reformas deben ser estructurales de manera a garantizar el bien común por encima de los beneficios y privilegios privados.