VIENA - AUSTRIA
La decisión de Uruguay de legalizar el cultivo y la venta de marihuana viola una convención internacional sobre el control de drogas, dijo ayer un organismo que supervisa el cumplimiento de los tratados.
El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Raymond Yans, dijo que el cambio no protegería a los jóvenes, sino que tendría el “perverso efecto de alentar una temprana experimentación y bajaría la edad del primer consumo”.
La agencia antidrogas de Naciones Unidas añadió peso a las críticas sobre la medida tomada por Uruguay el martes, el primer país en dar ese paso, argumentando que coincidía con la JIFE y que los estados deberían trabajar juntos para lidiar con el desafío global de las drogas.
apresurada decisión. “Es desafortunado que, en momentos en que el mundo está inmerso en una continua discusión sobre el problema mundial de las drogas, Uruguay actuó antes de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU prevista para 2016”, dijo David Dadge, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés).
Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar el cultivo y la distribución de marihuana el martes, en un experimento pionero que será seguido de cerca por otras naciones que debaten la liberalización de las drogas. El consumo ya estaba permitido.
Una ley impulsada por el Gobierno establece un marco regulatorio para el cultivo y la venta de marihuana, con el objetivo de combatir el narcotráfico en el país sudamericano. Pero la JIFE, que tiene su sede en Viena, dijo que la legislación infringe la Convención Unica de Estupefacientes de 1961, de la que dijo Uruguay es parte.
normas de los tratados. La convención exige a los estados limitar el uso de la marihuana o cannabis para propósitos médicos y científicos, dijo Yans en un comunicado.
Yans se sorprendió, agregó el comunicado, de que los legisladores y el Gobierno de Uruguay “decidieran violar a sabiendas las disposiciones legales universalmente acordadas e internacionalmente respaldadas del tratado”.
La JIFE se describe como un organismo independiente y cuasi judicial encargado de promover y supervisar el cumplimiento de tres convenciones internacionales sobre control de drogas, incluida la Convención de 1961.
La JIFE instó al país a “discutir con el organismo una postura para asegurar que Uruguay continúe respetando e implementando los tratados de los que es parte”. Pero el comunicado no detalló si prevé otras acciones sobre el tema.
El intento de Uruguay de combatir el tráfico de drogas es observado con atención en América Latina, donde la legalización de algunos estupefacientes es vista cada vez más por líderes regionales como una posible vía para poner fin a la violencia generada por el comercio de cocaína.