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Uruguay niega asilo al ex presidente peruano Alan García

 

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció el lunes que su gobierno decidió negar el pedido de asilo que había presentado el ex mandatario peruano Alan García, investigado por corrupción y quien abandonó la Embajada uruguaya en Lima tras ser notificado de la resolución y en horas de la tarde se puso a disposición de la justicia peruana.

“En Perú funcionan autónomamente los tres poderes del Estado y es el Poder Judicial que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos” del ex mandatario, y por “consideraciones estrictamente jurídicas y legales no concedemos el asilo político al señor Alan García“, dijo Vázquez.

“Había que dar una respuesta rápida“, señaló el mandatario, que se apoyó en la lectura de tratados de derecho internacional público para fundamentar su argumentación.

“En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso“, tuiteó luego el presidente peruano, Martín Vizcarra.

El canciller uruguayo Nin Novoa recordó que García inició el trámite de pedido de asilo en base a la Convención de Caracas de 1954, y leyó uno de los artículos de ese tratado en el que, remarcó, se señala que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes.

García, de 69 años, pidió asilo en la Embajada uruguaya el 17 de noviembre luego de que la justicia peruana le prohibiera salir del país durante 18 meses, al ampliar una investigación por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción de la línea uno del metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011).

El ex presidente es sometido a una investigación preliminar de la fiscalía pero aún no es un procesado. Tiene prohibida la salida del país, pero no tiene orden de arresto. Alega ser víctima de una “persecución política” en su país.

El gobierno uruguayo considera que “no (se) constituye persecución política tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos durante sus dos gestiones.”

“En consecuencia se ha instruido al embajador de Uruguay para que invite al señor Alan García a que se retire de nuestra representación diplomática“, añadió.

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