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Urge una política que garantice el derecho a una vivienda digna

Esta semana estuvo en la prensa y en las redes sociales, por varias razones, el tema de la vivienda, tanto por el lado de los alquileres como de la compra. Si bien Paraguay cuenta con una política de vivienda, con una institución encargada de su implementación y de otras iniciativas como el apalancamiento financiero que realiza la Agencia Financiera de Desarrollo, es claramente insuficiente para impulsar mejores condiciones de vivienda y la protección a quienes deben alquilar. El país debe analizar la problemática de la vivienda de manera global y cómo en la mayoría de las políticas públicas debe verse la problemática de manera sistémica y con múltiples soluciones. Debemos avanzar en una política integral que garantice el derecho a una vivienda digna.

El caso del Lido Bar y el de la nueva propuesta de la Agencia Financiera de Desarrollo de bajar las tasas de intereses para los préstamos de la primera vivienda movilizaron las opiniones de la ciudadanía en torno a un problema que no es exclusivo de Paraguay.

Países desarrollados como Alemania o Inglaterra cuentan con políticas de vivienda que incluyen normas de protección a quienes alquilan, programas de crédito para el acceso a una vivienda propia, programas de subsidios para viviendas sociales, entre otras medidas que ayudan a garantizar el derecho a una vivienda digna.

Las normas no solo protegen a quienes alquilan viviendas para familias, sino también para dar previsibilidad a la actividad económica o proteger el patrimonio cultural de la ciudad.

Es decir, las normas son amplias y afectan a un conjunto de problemas que en su totalidad contribuyen a gestionar ciudades amigables con la gente.

Este tema suele adquirir relevancia frente a situaciones urgentes o límites, tales como los desahucios en las crisis económicas, la destrucción del patrimonio histórico, las manifestaciones de la juventud ante la imposibilidad de independizarse de los padres, los incendios en los barrios de alto nivel de hacinamiento o, en la actualidad, proteger a los inquilinos en medio de una pandemia.

Años atrás, ciudades turísticas como Berlín empezaron a reglamentar el mercado, debido a la explosión de emprendimientos relacionados con alquileres temporales por la vía de plataformas digitales, lo cual contribuyó a generar escasez de viviendas y, al mismo tiempo, aumentar los precios de las mismas perjudicando a los habitantes de la ciudad y favoreciendo a turistas de muy corto plazo.

En universidades extranjeras hay líneas de investigación que analizan con profundidad el rol de los flujos de dinero, en muchos casos ilegales, en la generación de burbujas inmobiliarias. En estos casos, el principal efecto se encuentra en los costos de la tierra urbana, obstaculizando nuevamente que los habitantes de las ciudades puedan vivir en su entorno original.

Así surgió el término “gentrificación”, haciendo referencia al desplazamiento que ocurre de familias de clases medias o de menores ingresos desde sus barrios y comunidades originales por el aumento de los costos y la ocupación de negocios de alta gama, turistas o personas de niveles de ingresos superiores.

Una política habitacional tiene múltiples componentes como el régimen del uso de suelo, los derechos de propiedad y la protección al consumidor (alquileres), el financiamiento de la vivienda, los subsidios habitacionales, la infraestructura residencial y el régimen normativo que gobierna el desarrollo del suelo y de la vivienda.

Estos componentes no pueden ser vistos como aislados ni pueden estar desarticulados.

Paraguay necesita en forma urgente avanzar en una política integral que garantice el derecho a una vivienda digna, la previsibilidad económica y protección al consumidor de alquileres y la defensa del patrimonio histórico, entre otros aspectos que son valorados por la sociedad paraguaya.

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