El regreso de American Airlines al Paraguay marca una nueva etapa en la historia aeroportuaria del país, en lo que atañe a conexiones y a competencia entre las empresas que transportan pasajeros por vía aérea.
A la par de este hecho relevante para el mercado local, el Gobierno adoptó medidas que apuntan a cambiar las reglas de juego que durante muchos años actuaron como un freno a la dinamización del tráfico aéreo internacional.
Los decretos del 9 de noviembre pasado que bajan los impuestos para la compra de combustibles para los aviones en tránsito, que establecen nuevas tasas y tarifas por prestaciones aeroportuarias y aeronáuticas, y la modificación del mecanismo de expedición de visas de arribo al territorio paraguayo, son estímulos para atraer a las compañías de aeronavegación, que se extienden a los viajeros por lo que representará en cuanto a impacto en la disminución del precio de los boletos.
No hay que pensar, sin embargo, que el retorno de American se debe ya a la actitud diferente que hay ahora en el Poder Ejecutivo.
La vuelta es sí efecto del aumento del poder adquisitivo de los paraguayos, tal como indica el informe del Banco Mundial, que señala que en los 10 últimos años se han sumado 500.000 personas al segmento de la clase media. A ello hay que agregar que la competencia entre líneas aéreas se había reducido a niveles insignificantes.
El impacto real de las medidas que acaban de ser adoptadas se observará solo con el tiempo. Lo dispuesto, sin embargo, será insuficiente porque los paliativos no alcanzarán a solucionar los problemas estructurales que necesita el aeropuerto Silvio Pettirossi.
Si el curso de la historia hubiese sido otro, a esta altura el mecanismo de concesión del aeropuerto a una empresa privada hubiera estado ya en marcha.
Como se recordará, el Gobierno anterior impidió -a instancias de sindicalistas que apostaron por el mantenimiento del sistema corrupto en que unos pocos se benefician y se le perjudica a la mayoría- que se abrieran las compuertas a un modelo que ha resultado exitoso en países de la región.
Los aeropuertos de las capitales de Uruguay, Chile y Perú, vía concesión a empresas privadas, exhiben la evidencia de servicios eficientes que, además, permiten importantes ingresos al Estado. El Brasil, en tanto, está embarcado en la implementación del mismo modelo.
La opción válida para nuestro país, por lo tanto, es la que no pudo sortear los obstáculos nacidos de sindicalistas que quieren seguir manteniendo esquemas de corrupción que condenan al país a una mayor pobreza.
Este Gobierno y el que viene ya conocen la receta. Es solo cuestión de construir un consenso para llegar, esta vez, al objetivo deseado.