La grave crisis ocasionada por la amenaza global de la pandemia del Covid-19, que obligó a adoptar drásticas medidas gubernamentales como el cierre total de las fronteras, la paralización de la mayor parte de las actividades comerciales y económicas, sociales y culturales, y a disponer la reclusión de casi toda la población en sus domicilios para cumplir una obligada cuarentena, ha cambiado radicalmente las reglas del juego.
La hasta ahora injusta estructura del Estado paraguayo, cuyos recursos han sido acaparados o robados por una clase política y dirigente mayoritariamente insensible y corrupta, negando las inversiones en sectores claves como la salud pública, la educación de calidad y la producción alimentaria, se ha revelado con toda su crudeza en la actual emergencia, que desnuda y pone aún más de resalto la gran precariedad sanitaria y las injustas circunstancias en que se ha condenado a un sector mayoritario de la población a sobrevivir en la pobreza y en la orfandad.
Hoy las autoridades ya no pueden hacer oídos sordos a lo que siempre se ha reclamado de modo insistente, y se ha debido acceder forzosamente a realizar recortes circunstanciales a los altos salarios y a los abusivos privilegios de funcionarios estatales, como a directivos y empleados de entidades binacionales, además de buscar combatir a los planilleros y a los ladrones de guantes blancos. Y todavía más: finalmente se ha debido plantear como una saludable iniciativa convocar a un pacto social para iniciar la reforma estructural del Estado hacia un modelo más equitativo.
Desde ese punto de vista, ha significado un gran paso la primera reunión realizada este martes en el local del Banco Central, en donde se acordó trabajar en forma conjunta y planificada durante un plazo de tres meses para consensuar las diferentes propuestas.
En algunos puntos hubo grandes coincidencias, como en la necesidad de destinar más recursos a la salud y recortar de manera permanente los altos salarios y beneficios en el sector público.
Como un aspecto negativo, en este primer encuentro no hubo participación activa de sectores mayoritarios, pero históricamente postergados, como los campesinos e indígenas. Esperamos que, en el proceso de discusión y elaboración de los futuros proyectos, estos grupos sean debidamente tenidos en cuenta.
Asimismo, se espera que en este proceso el sector privado también haga lo suyo en esta etapa crítica y que la carga social no recaiga solamente sobre el Estado. Ante la emergencia planteada por la amenaza del coronavirus, tenemos la oportunidad histórica de diseñar un país mejor entre todos. No la desaprovechemos
