Creado en el año 1943 por un decreto del presidente Higinio Morínigo, el Instituto de Previsión Social, IPS, es hasta la fecha el organismo autónomo encargado de dirigir y administrar el seguro social en el Paraguay, el seguro social creado para cubrir maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados.
Como se sabe, trabajadores y empleadores sostienen al IPS, y es una verdad irrefutable que, sin los consultorios y hospitales del Instituto de Previsión Social, la situación de la salud pública sería más desastrosa. Nuestro país invierte muy poco y todavía estamos lejos de llegar a una cobertura básica y universal.
La realidad muestra a diario que, si una persona enferma, la familia deberá tener los recursos para financiar la atención a la salud; es parte de nuestra cotidianidad el hecho de que si un familiar, vecino, amigo o compañero de trabajo enferma, se organizará inmediatamente un evento de recolección de dinero para sufragar los gastos del tratamiento o internación o compra de medicamentos. Las polladas, tallarinadas y rifas forman prácticamente parte de nuestro sistema de salud, pues los paraguayos, al no tener acceso a la salud universal, dependen de la solidaridad social o de su capacidad de endeudarse.
El IPS reúne como entidad dos rubros complejos y sensibles: empleo y salud, al proveer la seguridad social para los trabajadores. Y precisamente uno de los problemas más graves del país es el empleo, el cual se vio seriamente afectado por la pandemia del Covid-19.
Algunos datos sugieren que el 64% trabaja en la informalidad y menos de un tercio se encuentra afiliado a algún sistema de jubilación; lo cual implica una vida laboral precaria y como consecuencia una alta probabilidad de caer en la pobreza durante la vejez. ¿Qué es lo que hay por detrás de este dato? La situación de los trabajadores en Paraguay se debe, entre otros factores, a la debilidad institucional, un mal que afecta a varias áreas de la vida nacional.
La cuestión es que el IPS con todos sus recursos no ha podido en los últimos años satisfacer la demanda de sus usuarios, y la atención ha ido deteriorándose cada vez más. Prácticamente cada día se escuchan quejas y reclamos de los asegurados, que con impotencia denuncian la falta de medicamentos o camas de internación, o esperas inadmisibles para consultas especializadas.
Por parte de las autoridades, quienes de hecho son empleados de los trabajadores y de los empleadores que aportan los recursos, hay muchas excusas, pero nunca soluciones. El asegurado está solo y abandonado a su suerte.
El IPS ha devenido en una institución que acumula ineficiencia, como el horroroso caso del paciente con la pierna amputada. El director médico del IPS, Óscar Franco, y el jefe de Traumatología, Aníbal de los Ríos, tienen que responder políticamente por la negligencia.
Además de las quejas por carencias y estrecheces cuyas víctimas son los aportantes, en los últimos años tampoco han faltado vergonzosos escándalos por denuncias de hechos de corrupción, por lo general vinculados a la provisión de medicamentos o a la venta de los mismos fuera de la institución.
Finalmente, un tema que debe ser abordado más temprano que tarde es el sistema jubilatorio. La crisis de la Caja Fiscal es crítica, y a tal punto llega que un ex alto funcionario del IPS hizo una preocupante predicción: en 2026 el déficit financiero de la Caja Fiscal será tan grande que todas las jubilaciones de los funcionarios públicos, docentes, policías, militares, magistrados y docentes de la Universidad Nacional de Asunción serán pagadas con los impuestos. Esto significará que el asegurado de IPS no solo está pagando con sus aportes su jubilación en IPS, sino que además con sus impuestos la jubilación de los funcionarios públicos y de los parlamentarios; y, al mismo tiempo, con su salario un seguro médico privado.