Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento al Combate del Contrabando, el senador liberal Abel González denunció que policías, militares y funcionarios de Aduanas protegen el comercio ilícito en las fronteras. Exhibió también imágenes donde se observa a policías escoltando un convoy de camiones de contrabando.
“El contrabando genera pérdida de empleos formales, perjuicio a empresas locales y producción nacional, incremento de comercio informal, pérdidas para el Estado y engaño al consumidor con relación a la calidad del producto”, afirmó el senador, quien insistió en que es aún mayor la corrupción de las instituciones encargadas de controlar, puesto que esto facilita y promociona el contrabando. Añadió que el Ministerio Público no hace su trabajo, y que existe una Justicia cómplice que no ve que pasan entre 600 y 700 camiones de contrabando por semana.
Como respuesta inmediata, en el día de ayer se montó un operativo anticontrabando en uno de los principales puestos de control situado en la zona fronteriza con la Argentina. Los controles contaron con la participación de las fuerzas de la Unidad de Prevención y Combate al Contrabando, integradas por Aduanas, la Policía y la Armada.
Como primera reacción a las denuncias es positivo. Sin embargo, las medidas deberán mantenerse y además abarcar otras zonas del país. Un primer paso es hacer posible que los controles que implementen las autoridades sean constantes y eficientes. Pero esto no supone que las denuncias de supuesta complicidad no deban ser investigadas, todo lo contrario.
Las acusaciones del senador González, al afirmar que policías, militares y funcionarios de Aduanas protegen el comercio ilícito en las fronteras, exigen una inmediata investigación de la Justicia. Urge una investigación extensa que analice todas las aristas de esta problemática.
No se trata solo de poner énfasis en el contrabando de consumo, el cual existe y se sostiene fundamentalmente en la realidad de la ausencia de protección para los consumidores, sino particularmente en el contrabando de grandes dimensiones, el cual no podría existir sin la protección de funcionarios y políticos. Ese es el que socava las bases de la economía nacional.
Hace unos meses, una investigación de la organización InSight Crime sobre el crimen fronterizo llegó a inquietantes conclusiones: en primer lugar, la democratización del crimen; luego la diversificación de las economías criminales y la internalización del crimen organizado. Remarcó la existencia de actores criminales participando de múltiples economías, y el dinero que surge de estas economías está terminando en campañas políticas. El trabajo reveló que se extendieron los niveles de contrabando, y a la par, que hay una degradación de los partidos políticos en Paraguay.
Desde esta perspectiva y con este análisis, no solo está en juego la economía del país sino sus bases democráticas, por tanto deben ser investigadas y aclaradas las acusaciones; de no ser así será válida la sospecha de falta de compromiso de las autoridades de todos los poderes Estado en la lucha contra este flagelo.