Sabemos que no siempre tener buenos resultados macroeconómicos –esos números grandes de la economía de un país– garantiza una mejor calidad de vida para la mayoría de sus habitantes. Pero es un hecho que sin esos buenos resultados cualquier mejora colectiva es prácticamente imposible. Por lo tanto, las estimaciones de crecimiento económico del Paraguay son una muy buena noticia. Hay incluso otros datos que permiten desarrollar un moderado optimismo con respecto a lo que pueda pasar en los próximos años.
Lamentablemente, también hay señales perturbadoras desde la clase política que nos dejan muy pocas esperanzas sobre la posibilidad de reducir los niveles de corrupción y menos de darle cuerpo a un sistema judicial independiente de los poderes de turno. Vale la pena repasar algunos hechos recientes que dibujan de manera didáctica este país de contrastes, entre una economía que crece y una institucionalidad estancada o en franco retroceso.
Voy a dar algunos ejemplos. Mientras el Ministerio de Trabajo informaba que hubo un incremento de más de cincuenta mil nuevos cotizantes en el IPS, los diputados se ratificaban en una ley que básicamente impedirá que cualquier ciudadano pueda revisar el incremento patrimonial de ellos y el de cualquier funcionario sin su consentimiento. Por un lado, nos enteramos de que se formalizaron empleos, aumentando el número de trabajadores con seguridad social y, por el otro, que será cada vez más difícil –si no imposible– descubrir a los funcionarios electos y a los administradores de turno que se están quedando con dinero público.
Por supuesto que cincuenta mil formalizados es muy poco aún con respecto a ese sesenta por ciento de trabajadores del país que se encuentran al margen de la seguridad social, pero es una señal de que estamos por buen camino.
Y está claro que la intención de los oficialistas y los liberocartistas que aprobaron esta ley es evitar que la prensa y cualquier ciudadano incómodo hurgue en sus finanzas y descubra pruebas del latrocinio público.
Mientras el Banco Central y varias entidades financieras privadas y organismos multilaterales subían las estimaciones de crecimiento económico del país hasta un cinco por ciento, en el Congreso plantean de la nada volver al secretismo en la Corte Suprema de Justicia, anulando la obligación de que los magistrados voten a sus autoridades públicamente. En tanto, el BCP revelaba que el mejor desempeño económico estimado no es una cuestión de azar (como ocurre con las buenas cosechas por el buen tiempo), sino el resultado de mayores inversiones en la industria y el sector inmobiliario, legisladores del mismo partido de gobierno proponían una regresión institucional que solo puede responder a su intención de controlar a la máxima instancia judicial. Una de cal y otra de arena.
En tanto una calificadora de riesgos internacional mejoraba la calificación del Paraguay, su presidente, Santiago Peña, calificaba de persecución política las declaraciones de la ex administradora de la casa presidencial, quien aseguró que en el lugar se manejaban con dinero en efectivo, en dólares, que llegaba a la residencia en sobres, y exhibió una grabación de la primera dama en la que ella le pide que pague unas compras por más de cincuenta millones de guaraníes en efectivo y pida factura a nombre de un tercero, su propio cuñado. Peña sencillamente se negó a explicar el caso.
A veces, parece de propósito. Siempre que hay alguna noticia económica relevante, desde el propio oficialismo colorado o incluso desde el mismo Ejecutivo hacen alguna declaración o incurren en algún hecho lamentable que termina por eclipsar la buena nueva. Y luego tenemos al mismo presidente que, lejos de meterse en los debates de fondo que hacen a su gestión política, como la intención de reformar la Caja Fiscal, aparece con bombos y platillos inaugurando dieciocho viviendas... de las veinte mil que prometió por año.
