Opinión

Una crisis que afecta a todos

 

La reciente modificación del Código Procesal Penal, que otorga mayores facultades a los jueces para decidir si alguien debe ir o no preso preventivamente, es uno de los más importantes cambios que el Congreso impulsó para reducir el encarcelamiento masivo. Anteriormente, los magistrados estaban atados de manos: la Ley 4431/2011 los obligaba a dictar la prisión de toda persona imputada por crímenes, hechos punibles con penas mayores a los cinco años de cárcel. La normativa estuvo vigente casi una década y esto coincide con el incremento de la población penal que hoy mantiene sobrepobladas todas las cárceles del país. En el 2011 había 7.160 presos en todo el país; hoy son más de 16.000.

La nueva modificación del Código implicará más trabajo y concentración a todos los operadores de Justicia. Los fiscales que pretendan que un imputado esté preso mientras dure el proceso deberán trabajar más para justificar sus pedidos de prisión. Ya no podrán excusarse en el tipo penal.

De igual manera, los jueces ya no podrán escudarse en la ley para enviar a la cárcel a personas que aún no están condenadas. Por ello, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben implementar rigurosos mecanismos de control sobre el actuar de fiscales y jueces para hacer respetar la presunción de inocencia y resguardar el desarrollo normal de un proceso.

Si bien se trata de un paso importante hacia una solución de la crisis penitenciaria, la modificación de la ley es solo una de las medidas necesarias para atacar el problema de raíz. Además del abuso de la prisión preventiva, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) identifica a varios otros factores que aquejan al sistema penitenciario. Uno de ellos es el hacinamiento y esto no solo es problema de jueces, sino también del propio Ministerio de Justicia. El año pasado, el Mecanismo y la Universidad Nacional de Asunción realizaron un estudio que advirtió que los diferentes gobiernos maquillaron la capacidad real de albergue de las cárceles, por lo cual el hacinamiento era mayor al reconocido por el Estado.

De igual manera, el MNP también advierte que el 11,9% de las personas privadas de libertad hoy no disponen de agua en ningún momento del día, y que solo el 39,2% tiene acceso al agua las 24 horas. A todo esto hay que sumar la escasa o nula atención médica que reciben los médicos, la corrupción institucionalizada en todas las cárceles del país, especialmente en Tacumbú, y la cultura de malos tratos y tortura presente en todo el sistema penitenciario.

Entonces, una verdadera solución deberá abarcar más que cambios legislativos e implicará un proceso de renovación dentro del Ministerio de Justicia. Significará también dejar de ver a las cárceles como botines políticos. El propio ministro de Justicia admitió que Wilfrido Victoriano Quintana Parodi, el ex director de la cárcel de San Pedro acusado de corrupción y que estuvo a cargo cuando 10 presos fueron asesinados en un enfrentamiento de bandas, llegó al cargo por ser un operador político de la zona.

También es necesario entender que la crisis penitenciaria no solamente afecta a las personas que están dentro de las cárceles, sino a toda la ciudadanía. El hacinamiento y la corrupción son el caldo de cultivo para que activen y crezcan bandas criminales, como el Primer Comando Capital, una organización originalmente creada por presos paulistas para defenderse de abusos del Estado.

Además, el incremento de la población penitenciaria no estuvo acompañado de un descenso de la criminalidad en las zonas en las que hay más presos: capital y Central.

Una buena medida de seguridad pública, paradójicamente, será la de descomprimir las cárceles y volverlas más humanas. Esto no significa una liberación masiva de delincuentes, sino contar con un sistema más digno que ya no escupa a las calles personas sin futuro y sin otra opción que la delincuencia.

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