29 mar. 2024

Un reto para la responsabilidad de los empresarios y el Estado

La protección al consumidor es necesaria, porque los consumidores tienen derechos y el mercado debe ser eficiente. Cuando alguno de los participantes tiene poder de mercado –es decir, cuando puede fijar los precios por sí solo–, se viola un principio fundamental de la competencia y se atenta contra el bien común. Una situación como la que plantea la pandemia del Covid-19 o coronavirus es un reto que permitirá demostrar qué tan responsables y comprometidos están las empresas y el sector público con el contrato social establecido en nuestra Constitución y en el marco legal vigente. Garantizar que no haya especulación con artículos básicos y necesarios para enfrentar la crisis es una tarea urgente.

La protección del consumidor busca enfrentar las asimetrías existentes entre consumidores y proveedores, como el poder de negociación, conocimientos y otros recursos. Los consumidores están dispersos ante la posibilidad de colusión empresarial y no tienen suficiente información sobre los productos frente a la casi perfecta información de quienes producen o venden.

Por eso, una parte muy importante de las regulaciones se dirigen a la salud: Alimentación, medicamentos, seguros privados, entre otros. Las regulaciones tienen que ver con la seguridad que requieren los consumidores a la hora de consumir un alimento o un medicamento, a la información sobre el contenido –etiquetado–, a elegir en función de las características del producto y del precio, y a la garantía de que será escuchado y sus derechos serán protegidos.

Además de los derechos del consumidor, la justificación de la regulación está sustentada en la eficiencia económica. La teoría económica más básica señala que en casos de conductas oligopólicas o de oferta de bienes y servicios sin suficiente información, el mercado puede estar teniendo productos a precios más elevados que otros siendo similares. Cuando se trata de mercados como el paraguayo con pocas empresas, estas pueden ponerse de acuerdo y controlar cantidades y precios en contra de los consumidores, que no pueden hacer nada por ser muchos y dispersos.

Para garantizar que el mercado ofrezca los mejores productos a los precios más competitivos y que los consumidores puedan elegir, en todos los países del mundo existen instituciones para regular y fiscalizar la competencia y penalizar en los casos necesarios. En el caso de la salud, a toda la población –y a la economía– le conviene que las personas estén sanas y se vacunen porque de esa manera se eliminan enfermedades, como ocurrió en Paraguay con la polio y el sarampión. Por eso, la provisión de vacunas es gratuita, para que todas las familias, sin importar su nivel de recursos económicos, tengan acceso a las vacunas necesarias.

En un momento de epidemia como el que estamos enfrentando, algunos bienes pueden tener esta misma característica, por lo que, por el bienestar de toda la población y el menor impacto económico global de la epidemia, el Estado tiene no solo la competencia, sino la obligación de regular el mercado y ofrecer el producto en caso de que por razones económicas parte de la población no pueda acceder.

El rol del Estado será menor cuanto más responsable sea el sector privado en la provisión de los bienes y servicios que demande la enfermedad. En la medida en que ocurren conductas indeseables que atenten contra los derechos de los consumidores y la eficiencia económica, es que aparecen las instituciones públicas como responsables de garantizar el buen funcionamiento del mercado y la eliminación de las barreras para quienes no puedan contar con esos productos.

Esperemos que el caso del coronavirus nos demuestre que contamos con un sector privado responsable y un sector público competente y comprometido con la población. Estos son los momentos en que queda más claro el apego al contrato social.

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