A todo lo anterior se agrega la necesidad de mejores servicios de comunicación, un mayor esfuerzo en la diversificación productiva y en nuevos mercados. Nuestra dependencia de pocos productos y mercados nos hace vulnerables, a lo que se agregan los factores climáticos.
Las limitadas capacidades que enfrenta el país lo ubican sistemáticamente en los últimos lugares en cualquier indicador global. En la mayoría de los casos sin avances sustanciales en los últimos años. El Presupuesto General de la Nación es el principal instrumento que tiene el Estado para cambiar esta situación. La provisión de bienes públicos es una función indelegable del sector público. Cualquier manual de economía básica o teoría asume esta premisa sin importar la doctrina a la que pertenece. La prestación de salud, agua y saneamiento, de educación básica y secundaria, el financiamiento y regulación de la infraestructura vial, comunicaciones, energía eléctrica y transporte público son determinantes fundamentales de la productividad y del bienestar.
La seguridad jurídica es otro de los pilares del desarrollo; sin embargo, es uno de los aspectos más deficientes de nuestro país. En este caso, el principal y casi único componente es el recurso humano. Sin una carrera profesional jamás lograremos mejorar este aspecto.
Para impulsar estas acciones se requieren recursos que deben ser incluidos en el Presupuesto público. Estos recursos deben estar debidamente calculados y fundamentados. Dada la escasez de los mismos, no hay espacio para el error o el prebendarismo.
Durante esta época del año, las reivindicaciones sectoriales de aumentos salariales toman fuerza. El Parlamento, en lugar de actuar con criterios técnicos y en beneficio de la ciudadanía, termina aprobando más recursos para un sector minoritario, generando desigualdades al interior del servicio civil y distorsiones en el presupuesto.
El resultado no puede ser peor que el que tenemos. Servicios públicos sin cobertura universal y de mala calidad, y un servicio civil sin carrera profesional y sin remuneraciones acordes con las capacidades, responsabilidades y resultados. En definitiva, un país en los últimos lugares del desarrollo. El Parlamento tiene la oportunidad de aprobar un presupuesto que revierta la situación estructural y enfrente la coyuntura actual impulsando las acciones que permitan al país dirigirse hacia el desarrollo.
