La nueva víctima falleció “electrocutada” en la madrugada de este lunes en la localidad de Concordia, situada en la provincia de Entre Ríos, unos 430 kilómetros al norte de Buenos Aires, informó el gobernador provincial, Sergio Uribarri.
“Todo indica que se encontraba en el lugar de los saqueos”, confirmó hoy Uribarri a la cadena Todo Noticias, sin dar más detalles del fallecido.
Esa muerte se suma a las dos registradas el pasado miércoles en Córdoba, la segunda ciudad más importante de Argentina, y en Glew, en la periferia de Buenos Aires.
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, advirtió este lunes que el modus operandi de los disturbios ha sido similar en todas las provincias: comienzan con una huelga de policías por reclamos salariales y bandas organizadas aprovechan la ausencia de fuerzas de seguridad para robar y “generar caos y zozobra”.
“No es el método y la manera de plantear demandas salariales generando una extorsión a los gobiernos provinciales”, dijo el jefe de ministros argentino sobre las exigencias policiales, en diálogo con la prensa.
En la víspera del trigésimo aniversario del retorno de Argentina a la democracia, Capitanich aseguró que los incidentes que sacuden al país son inéditos e intencionados.
“No es casualidad que este aspecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida”, dijo Capitanich en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.
Las protestas policiales se iniciaron la semana pasada en Córdoba, unos 700 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde murió una persona, más de 200 resultaron heridas y cien quedaron detenidas durante una oleada de robos y saqueos que causó graves destrozos en al menos un millar de comercios de la ciudad.
Desde entonces, los disturbios se han extendido a las provincias de Buenos Aires, Río Negro (centro), Santa Fe (centro), Neuquén (suroeste), Catamarca (norte) y Chaco (norte).
En Córdoba, Neuquén y Catamarca los policías regresaron a las calles después de alcanzar acuerdos con las autoridades provinciales para mejorar sus sueldos.
El Gobierno nacional, presido por Cristina Fernández, deslindó su responsabilidad en los conflictos salariales, ya que las policías provinciales dependen de los Gobiernos locales, pero durante el fin de semana envió refuerzos de Gendarmería y Prefectura para prevenir una oleada de saqueos como la sufrida en Córdoba.
