Mario Ramos-Reyes, Ph D
Las declaraciones de políticos de nuestro país reflejan, llamativamente, un Gobierno sin Estado. O tal vez sería más exacto decir, la de un Gobierno con un Estado débil, desestructurado, endeble, incapaz. El rostro oculto que muestra el liderazgo presidencial, por ejemplo, de tono enérgico, casi autoritario, asentado en un entretejido de alianzas del partido hegemónico gobernante, no hace sino esconder la debilidad de las instituciones de eso que llamamos Estado. La realidad es esa: no existe una realidad jurídica más allá del prestigio político de los que están en el Gobierno.
De ahí la ansiedad –una de ellas al menos– de querer ampliar el periodo presidencial, no por razones de fortalecimiento institucional, sino para, supuestamente, seguir proveyendo de liderazgo al país. Una pretensión, dicho sea de paso, que no es sino una forma solapada de desarticular aún más el Estado manteniéndose en el poder. Pero el problema político de una democracia es un asunto que no se reduce exclusivamente al Gobierno o a los que gobiernan, sino a la continuidad y permanencia de las políticas a través de las instituciones del estado.
“Gobierno” refiere a un grupo de personas que, en un determinado momento, ejerce el poder. Eso es temporario, efímero. El Estado, por el contrario, es un organismo donde se asienta el soporte de la autoridad; soporte que, gracias a la continuidad de lo que lo instituye, es decir, de la serie de organizaciones que lo conforman, continúa y sobrevive a los gobiernos en el tiempo. En ese sentido, nadie agota el Estado ni, por lo mismo, lo representa en su totalidad, a menos que se crea providencial. Apenas se lo administra –recordemos– temporariamente.
Así, el Estado, institucionalmente, está hecho de políticas públicas que pretenden ser, objetivamente, validas para todos, ciudadanos y gobierno. Políticas que son fruto de un acuerdo y deseo ciudadano a través de representantes e implementadas por administradores. El uso indistinto de estos conceptos no es mero ejercicio intelectual sino crucial, pues refieren a realidades con las que nos encontramos todos los días. Repárese solo una cosa; decimos “golpe” de Estado, pues son las instituciones del Estado las que son golpeadas, violentamente, por aquellos que, desde el Gobierno, quieren continuar en el mismo, utilizando al Estado, que es republicano –de todos– como cosa privada. Así, convierten al Gobierno en permanente cuando debe ser temporario, y al Estado en mero instrumento de sus ambiciones, cuando debe conferir las garantías de la continuidad institucional.
Es el Estado, limitado por la ley, la única garantía que posee el ciudadano de saber a que atenerse; la de la existencia de cierta permanencia y consistencia en cuestiones económicas o municipales, por ejemplo, a pesar de los cambios de gobierno. No es el gobierno el que debe perpetuarse sino solo administrarlo. Ahí radica, la desilusión con la democracia como sistema eficiente que solucione los problemas, por lo que se recurre erróneamente a la reelección de los hombres presuntamente providenciales. En todo caso es la muerte de la república; asesinada por “los excesos” de elecciones democráticas a estar por el chavismo latinoamericano.
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