Editorial

Un gesto de austeridad que se debe extender a otros ámbitos

La decisión de cancelar la elección de los legisladores del Parlasur, adoptada por los presidentes de los países miembros del Mercosur, constituye una medida política positiva en favor de un mejor manejo de los fondos públicos, ya que en el caso paraguayo permitirá ahorrar unos 4 millones de dólares que se invertían en figuras políticas y funcionarios de casi nulo rendimiento. La resolución implica además una derrota política para la mayoría de los diputados que, a través de maniobras, habían evitado el tratamiento de un proyecto de ley que justamente proponía eliminar la inútil función de los parlasurianos, situación que generaba cada vez mayor indignación en la ciudadanía. Es de esperar que esta onda de austeridad se extienda a otros ámbitos.

Les salió mal la jugada a una mayoría de los diputados, que en una pasada sesión habían recurrido a una cuestionada maniobra para evitar el tratamiento de un proyecto de ley presentado por las diputadas Kattya González y Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional, que buscaba anular la función de los legisladores parlasurianos.

Desde hace tiempo, diversos sectores de la ciudadanía y de los medios de comunicación venían cuestionando que el Estado paraguayo mantenga a 18 legisladores regionales que hasta ahora no han dado ningún beneficio notable al país, pero reciben un salario mensual de G. 32.774.840 y, aunque solo viajan al exterior en contadas ocasiones, generalmente por vía aérea también obtienen G. 4 millones en cupos de combustible. Además, al igual que los demás legisladores, se benefician de la jubilación del Congreso Nacional desde los 55 años de edad y con apenas 10 de aporte.

Eliminar este gasto superfluo es lo que las legisladoras plantearon con el proyecto de ley, pero la mayoría de sus colegas, en una sesión extraordinaria llevada a cabo la semana pasada, remitieron el proyecto al archivo. Con ello se confirmaba que los principales partidos y sectores partidarios conciben la elección de los parlasurianos como un botín político para beneficiar a sus dirigentes, sin importar el costo que implica para la población.

El lunes último, sin embargo, resultaron sorprendidos ante una comunicación del canciller Luis Castiglioni y del propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la que informaban que los presidentes de los países miembros del Mercosur habían decidido “suspender la próxima elección directa de parlamentarios del Mercosur”, aclarando además que el dinero ahorrado “será destinado a la inversión social”. El principal impulsor de la iniciativa ha sido el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en base a un artículo de la Declaración de Viena.

Además de asestar un duro golpe político a los legisladores, que nuevamente se mostraron cómplices de una jugada en contra de los intereses de la ciudadanía, la acción asumida por los referentes del Poder Ejecutivo constituye una medida positiva en favor de un mejor manejo de los fondos públicos, ya que en el caso paraguayo permitirá ahorrar unos 4 millones de dólares que se invertían en figuras políticas y funcionarios de casi nulo rendimiento.

Es verdad que se podrán prescindir de los parlasurianos recién a partir de 2023, ya que los actuales legisladores regionales fueron electos en el 2018 y adquirieron derechos dentro de un proceso comicial, a no ser que se encuentren formas institucionales de recortar parte de los millonarios gastos en este periodo.

Es de esperar que esta onda de austeridad no se limite a ser un coyuntural golpe de efecto político y sea un principio que se pueda extender y aplicar en muchos otros ámbitos del Estado paraguayo, como el propio Poder Legislativo y la Justicia Electoral, en donde siguen existiendo escandalosos casos de dilapidación de recursos, con la abierta complicidad de los partidos políticos y de las propias autoridades.

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