Opinión

Un debate saludable

@Luisbareiro

Alguna gente está escandalizada por los elementos que van surgiendo a partir de la disputa mediática y política que se desató entre senadores del Frente Guasu, el PDP y su colega Fidel Zavala, principal referente del partido Patria Querida. Aunque la polémica tiene varias aristas, el tema principal está relacionado con quiénes detentan hoy las tierras que adjudicó el Estado en el último medio siglo; y la discusión de fondo —aunque se presente de manera velada— es sobre el modelo mismo de producción agropecuaria. En definitiva, es un debate político e ideológico sobre una cuestión clave, lo que lejos de escandalizarnos deberíamos celebrar. Justamente para esto están los partidos políticos.

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Pero conviene desmenuzar la polémica para luego ubicarla en el escenario ideológico que corresponde. El pleito arrancó cuando legisladores del partido del ex presidente Fernando Lugo y la senadora Masi visitaron a quienes ocupan una propiedad en litigio. Sus declaraciones en el lugar fueron tomadas por Zavala y varios de los gremios de sojeros y ganaderos como una incitación a la invasión de tierras. En respuesta, el senador Pedro Santacruz del PDP leyó un informe del Ministerio del Ambiente, según el cual Zavala tiene una propiedad al interior de la reserva natural Ybycuí. El senador asegura que compró la finca hacia el 2010, de un particular al que esas tierras le fueron adjudicadas en los 90.

Desde el Ministerio dicen que los mapas satelitales confirman que esa y otras diez propiedades están dentro del parque natural; y agregan que hay muchísimas otras que fueron desprendidas ilegalmente de otros tantos parques nacionales por el propio Estado. Esto ratifica que el mismo organismo creado para administrar las tierras públicas —el Indert, antes IBR— se ha convertido en la causa principal del caos que existe con respecto a quiénes ocupan hoy las fincas destinadas en teoría a los beneficiarios de la reforma agraria, el mayor fracaso del partido autodenominado agrarista, que lleva casi un siglo en el poder.

Los gobiernos sucesivos repartieron más del millón y medio de hectáreas en el marco de sus políticas agrarias, y hoy apenas unas 300 colonias —de las más de mil creadas por el Estado— tienen títulos de propiedad. Mientras, el Indert debe más de cien millones de dólares por compras y expropiaciones.

El primer estudio que se realizó luego de la caída del régimen de Stroessner sobre la violación sistemática de los derechos humanos en el Paraguay dio por resultado el informe conocido como Verdad y Justicia. Ese informe contiene un capítulo especial sobre el reparto de tierras públicas. Zavala puso en duda la veracidad de ese capítulo y se desató la guerra.

En puridad, Zavala tiene derecho a cuestionar el informe. Nada hay de malo en que se revise, como tampoco se puede hablar de persecución política si se investiga la legitimidad de las tierras que posee el senador. Lo único indiscutible es la necesidad de encarar de una vez por todas la regularización de la propiedad de las tierras en el Paraguay, y eso supone también encontrarle una salida legal y económica a las propiedades del Estado que han terminado ilícitamente en manos de personas que no podían ser beneficiadas con tierras subsidiadas.

Después está el otro tema de fondo, el modelo de producción. ¿Es factible la explotación agrícola o ganadera en pequeñas fincas y sin un gran capital operativo? ¿Es lógico pretender que quienes viven en el campo deban necesariamente dedicarse a la producción agropecuaria? Si la tierra es el principal insumo para la producción agropecuaria, ¿es razonable lo que se paga en concepto de impuesto inmobiliario? ¿Quién paga los costos medioambientales de la producción agropecuaria a gran escala?

Estas preguntas tienen respuestas políticas. Es lógico que sea así y es muy saludable que los partidos se definan política e ideológicamente con respecto a ellas. No me asusta el debate entre el Frente Guasu, el PDP y el referente de Patria Querida. Después de todo, colorados y liberales eligen guardar silencio sobre estos temas, quizás porque prefieren seguir lucrando con ellos antes que proponer soluciones; no sea que los electores empiecen a votar propuestas y no solo prebendas y consignas vacías.

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