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Ulises Quintana no cree que prospere su pérdida de investidura

Para el diputado colorado Ulises Quintana, no correrá ningún pedido de pérdida de investidura en su contra, tras retornar a la Cámara Baja luego de estar 10 meses en la prisión militar de Viñas Cué. El legislador reafirmó que demostrará su inocencia durante su proceso judicial.

Ulises Quintana volvió, la semana pasada, a ocupar su banca en la Cámara de Diputados, tras quedar en libertad por decisión de la jueza Magdalena Narváez. El parlamentario guardó prisión preventiva en la cárcel de Viñas Cué.

Ni bien retornó a la sede legislativa, su colega liberal Celeste Amarilla anunció que pediría la pérdida de investidura del colorado, al considerar que incurrió en el hecho de tráfico de influencia.

Pero miembros de la agrupación Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) ya presentaron de manera oficial los pedidos de expulsión contra tres diputados: Ulises Quintana, Tomás Rivas y Carlos Portillo.

Sin embargo, Quintana está confiado en el respaldo de sus colegas y no siente temor por esa situación.

“No va a prosperar la pérdida de investidura porque no corresponde”, afirmó en forma tajante Ulises Quintana a los medios de prensa, minutos antes del juramento de Carolina Llanes como nueva ministra de la Corte Suprema de Justicia.

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Además, reiteró que no utilizó su rol de autoridad nacional para liberar a ninguna persona, por lo que no incurrió en ningún hecho de tráfico de influencia. Dijo que solo dio una asistencia jurídica en carácter de abogado.

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La diputada Celeste Amarilla fue consultada al respecto y respondió que todavía tiene pensado pedir la pérdida de investidura de Quintana. No obstante, la legisladora reconoció que, hasta el momento, no hay votos suficientes para la expulsión de su colega.

La Fiscalía imputó a Ulises Quintana por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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Para la liberación del diputado de Colorado Añetete, la jueza Narváez argumentó que no existe peligro de fuga ni obstrucción a la Justicia por parte del parlamentario. Por eso, consideró que ya no tenía razón la prisión preventiva.

El Ministerio Público criticó ese fallo, alegando que la magistrada tomó esta determinación sin argumentos objetivos y bajo irregularidades, como aceptar la fianza real de un inmueble embargado.

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