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Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil, sufrió en los últimos días reveses que podrían cortarle las alas cuando parecía haber conquistado sólidas posiciones de poder, exactamente cinco años después de su inicio.

La mayor afrenta la experimentó el jueves, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que crímenes, como el de lavado de dinero, deben ser juzgados por cortes electorales –y no por las penales– si están asociados a la financiación ilegal de campañas (Caja 2).

“Hoy empezó a cerrarse la ventana del combate a la corrupción política que se abrió hace cinco años, con el inicio de Lava Jato“, lamentó Deltan Dallagnol, el principal fiscal de esa operación en Curitiba, de donde salieron la mayoría de las denuncias que dinamitaron el sistema político.

“Como en Brasil todo político corrupto pide sobornos con el pretexto de usarlo en campañas, prácticamente todas las investigaciones de Lava Jato irán a la Justicia Electoral“, que históricamente no condena ni manda a nadie a la cárcel, advirtió su colega Diogo Castor.

Para el constitucionalista Daniel Vargas, en cambio, “lo que se está cerrando es la ventana de abusos en el combate a la corrupción y no el combate a la corrupción en sí mismo”. Se refería a métodos puestos en boga por “la República de Curitiba“, como las prisiones preventivas, las delaciones a cambio de reducciones de pena o la ejecución de penas de prisión antes del agotamiento de todos los recursos judiciales. Uno de los once magistrados del STF, Gilmar Mendes, acusó a los fiscales de recurrir a un “modelo dictatorial”.

“Hay que combatir la corrupción dentro del estado de derecho y no cometiendo crímenes, amenazando“, declaró. “De lo que se trata aquí, aparte de una disputa de competencia, es de una disputa de poder“, machacó.

El 17 de marzo de 2014 se abrió una investigación sobre cambistas de dinero que operaban en un lavadero de autos (un lava jato) de Brasilia. La pesquisa desveló una red de sobornos pagados por constructoras a políticos de casi todos los partidos, para obtener contratos en la estatal Petrobras. El escándalo se extendió a una docena de países.

La operación desembocó en 155 condenas que totalizan 2.242 años y 5 días de prisión en Brasil. Entre los encarcelados hay empresarios que parecían intocables y políticos de primer plano. El principal de ellos, el ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, purga 12 años de cárcel.

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