Se trata de las estudiantes Camila Belén Corvalán y Cecilia María Vuyk Espínola y el docente José Carlos Lezcano Villagra. El Ministerio Público los había acusado por el delito de coacción y solicitó que vayan a juicio, pero finalmente dio su acuerdo para la salida procesal.
El fiscal del caso, Eugenio Ocampos, indicó que se otorgó la suspensión bajo ciertas reglas de conducta como la prohibición de salir del país por el plazo de dos años sin comunicar previamente al juzgado, la prohibición de cambiar de domicilio sin avisar al juzgado y la donación de G. 1 millón cada uno al Hogar Albino Luis.
De no ser acatadas estas reglas, los procesados se exponen a un juicio oral y público, aseguró el representante del Ministerio Público.
“Eran docentes y alumnos de la universidad que tomaron la facultad, impidiendo el acceso de funcionarios y alumnos de la facultad, encadenándose a los portones, en base a eso la imputación por el delito de coacción”, señaló Ocampos.
Otros dos procesados en la causa, Raúl Martín Couchonal Cancio y Aurora Isapy Lezcano Coronel, no participaron de la audiencia debido a que su abogado defensor, Guillermo Ferreiro, presentó un certificado médico. El juez penal de Garantías los convocó para el próximo 6 de agosto para continuar la audiencia preliminar.
