Entretanto, para los estudiantes que todavía cursan sus estudios, la sanción prevista, según el estatuto de la institución, consistirá en la desinscripción del alumno o alumna. El sacerdote y rector dijo que si los alumnos quieren terminar la carrera deberán buscar otra universidad.
Gibaud aseguró que la compra de notas es un delito público que no tiene prescripción, por lo que una persona que compró una calificación debe dejar de ejercer. “Entonces, la Corte Suprema tendrá que retirarle la autorización correspondiente”, dijo.
Hasta el momento, son 15 los imputados, 13 de ellos estudiantes y 2 ex funcionarios de la Facultad de Derecho, que sigue intervenida. El mes pasado se decidió extender el proceso por tres meses más para el análisis nota por nota de las documentaciones que datan del 2009 al 2014.
El comité de intervención, integrado por el interventor Antonio Tellechea y los profesores Gabriel Benítez Colnago, Fabián Ayala Molinas y Francisco Aseretto, detectó que hasta junio se registraron 188 irregularidades, como calificaciones modificadas y adulteradas, firmas de profesores falsificadas, etc.
Por el caso de compraventa de notas a través de giros de dinero, ya fueron imputados los funcionarios de la Secretaría de la Facultad Víctor David Oviedo Arce y Eduardo Ariel Barrios Villalba. El juez José Delmás atiende la causa.
La imputación alcanzó también a los alumnos Joaquín Agüero Colmán, Claudia Romina Carrera Romero, Nadia Siemens Chamorro, Patricia Marlene Aguirre, Nadia Soledad Ortiz, Rubén Enrique Escurra y Rodrigo Adrián Segovia.
La lista continúa con Christian Raúl Brítez, Samantha Pauline Zaldívar, Mirta Raquel Torres Pérez, Lourdes Nathalia Agüero Zelaya y Emhil Morel Achón. “Me informaron que hay tres personas graduadas”, dijo Gibaud, pero no quiso nombrarlas.