El director de comunicación de la institución, Cristian Cantero, señaló ayer que todavía no cuentan con los datos consolidados y agregó que apenas tengan información clara estarán emitiendo un comunicado. Sin embargo, la CGR ya se mostró reacia a dar información considerada de interés público.
En efecto, la CGR accionó este mes ante la Corte en contra del amparo planteado por el periodista Juan Carlos Lezcano, que obligaba al organismo estatal a entregar las declaraciones juradas de las autoridades desde 1998 hasta 2017. Con esta acción, el juicio sigue en suspenso.
La inconstitucionalidad ataca la sentencia del juez Rubén Riquelme del 8 de mayo pasado, su aclaratoria; y el fallo del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, del 15 de junio, con su aclaratoria. Recordemos que Lezcano había pedido, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, las declaraciones juradas de todas las autoridades del país, de los tres poderes del Estado, incluyendo los ordenadores de gastos.
Según la acción de la Contraloría ante la Corte, el amparo es inconstitucional porque no es la vía para acceder a las declaraciones juradas.
Sanciones. Por otro lado, la Ley 5033/13, que reglamenta el artículo 104 de la Carta Magna (de la declaración obligatoria de bienes y rentas), dispone que la CGR sancionará a los que no presentan su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos. La norma establece que se aplicará una multa de 300 jornales mínimos, cesantía según el caso, e inhabilitación para ocupar cargos públicos y de ser electos en elección popular por el término de 10 años.
