Política

Titular de Diputados asegura impunidad para sus colegas

 

El presidente de la Cámara de Diputados, el colorado Pedro Alliana, aseveró ayer que para que un legislador de la Cámara Baja pierda su investidura debe existir una “sentencia firme y ejecutoriada”. Sin embargo, olvida lo que dice el artículo 201 de la Constitución que solo habla del “uso indebido de influencias fehacientemente comprobado” para aplicar expulsiones.

Con su afirmación, queda en evidencia una vez más el pacto de impunidad en la Cámara Baja que viene blanqueando además a los municipios, teniendo en cuenta que una mayoría rechazó esta semana varios pedidos de intervención.

“La Constitución habla de una sentencia firme y ejecutoriada para la pérdida de investidura. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber una sentencia firme y ejecutoriada para que haya la pérdida de investidura”, afirmó Alliana.

Agregó que él es solamente un voto y debatirán en bancada para ver si existen los argumentos suficientes para la pérdida de investidura de los colorados Ulises Quintana (Añetete) y Tomás Rivas (HC), y Carlos Portillo (PLRA). “Todavía no pudimos revisar los antecedentes. Están imputados y la Fiscalía está haciendo su trabajo(...). Nos están pidiendo hacer el trabajo inclusive del fiscal o de jueces que no nos corresponde”, señaló el titular de Diputados.

CASOS. Recordemos que Quintana se reincorporó a sus funciones legislativas tras estar recluido en la cárcel de Viñas Cué por 10 meses. El diputado se encuentra imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía lo investiga por supuestos vínculos con el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabañas.

Por su parte, Rivas está siendo investigado por supuestamente pagar a tres de sus empleados con dinero del Estado. Está imputado por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Una investigación realizada por Última Hora expuso el caso en febrero del año 2017.

A su vez, el liberal Carlos Portillo, fue acusado por el hecho punible de tráfico de influencia, tras la difusión de un audio en el que se lo escucha hablar de un pago de USD 3.000 para lograr una resolución judicial.

Los pedidos de destitución de los diputados fueron presentados meses atrás por la diputada liberal Celeste Amarilla, y no se tratan con el argumento de que no existe un reglamento del artículo 201 de la Constitución Nacional, de pérdida de investidura, y por falta de una condena judicial. La legisladora había afirmado que los diputados juzgan políticamente y la Justicia lo hace jurídicamente.

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