El juez federal Daniel Rafecas atendió el pedido de la Unidad Fiscal que investiga el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para solicitar las capturas, en tanto se mantienen los pedidos de arresto de ocho iraníes.
El fiscal Sebastián Basso viene realizando investigaciones sobre el caso, siguiendo la iniciada por el fiscal Alberto Nisman. Viajó a la Triple Frontera, tomó declaraciones en el exterior y en la Argentina, recabó causas judiciales y documentos de Brasil, Paraguay, Colombia, Chile y países de África.
Sus averiguaciones, la declaración de nuevos testigos y el intercambio de información con servicios extranjeros le permitieron reunir estas evidencias sobre la colaboración que prestó cada uno al ataque. Según un dictamen presentado en diciembre pasado, el fiscal pidió por primera vez estas capturas, entre otros juicios, según informó La Nación de Argentina.
El fiscal Basso manifestó al medio argentino que el Hezbollah se instaló en la Triple Frontera como organización armada y criminal para atacar blancos de Israel. El mismo no solo contó con agentes que colocaban explosivos, sino que tenía agentes operativos que daban apoyo logístico a sus tareas.
El fiscal Basso los denomina cooperadores de la organización, instalados desde años en esos lugares.
Según el escrito al que tuvo acceso la AFP, entre los señalados se menciona a Hussein Mounir Mouzannar, con cédula de identidad paraguaya y que “podría estar en la actualidad residiendo en la República del Paraguay (Ciudad del Este o sus inmediaciones) o en la ciudad o suburbios de Foz de Iguazú”, en Brasil, en la zona conocida como ‘triple frontera’.
En la orden figuran también Alí Hussein Abdallah, naturalizado brasileño y con pasaporte paraguayo; Abdallah Salman -alias ‘El Reda'-, que se estima reside en Beirut y Farouk Abdul Hay Omairi, naturalizado brasileño y con último domicilio en Foz de Iguazú, según los datos de la causa.
El pedido de captura dirigido a Interpol cita respecto a los buscados que está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal denominada ‘brazo armado’ del Hezbollah”, de acuerdo al escrito del juez.
El atentado con bomba a la AMIA, el peor de la historia argentina, mató a 85 personas y dejó unos 300 heridos. Fue atribuido por la justicia argentina a altos funcionarios iraníes, encabezados por el entonces presidente Ali Rafsanjani, y al movimiento libanés Hezbollah; hipótesis sostenida por la dirigencia judía argentina y por Israel.
Uno de los requeridos este jueves también tiene pedido de captura por el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 que dejó 29 muertos y 200 heridos. Ambos atentados permanecen impunes.
Por otra parte, la Justicia argentina mantiene desde 2006 el pedido de captura de ocho iraníes.
La investigación sostiene que los principales sospechosos del ataque integraban el gobierno iraní de aquel momento, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani.
La investigación judicial del caso quedó envuelta en denuncias por desvío de pistas, condenas por encubrimiento y procesos anulados.
Un juicio sobre el atentado a la AMIA finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem (1989-99), declarados culpables de “encubrimiento” del ataque, pero sin determinar la razón del ocultamiento de pruebas ni la desviación de las investigaciones cometidas por los encubridores.
Con unas 300.000 personas, la comunidad judía de Argentina es la más numerosa de América Latina.
Fuente: AFP.
