La presidenta de la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (ADEP), María Noelia López Sanguinetti, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, es categórica al advertir que el proyecto aprobado en general en la Cámara de Senadores, que en esencia deja a criterio político el escalafón y resta preponderancia al concurso público, es inconstitucional y podría representar un gran retroceso en la política exterior de la República del Paraguay. Se trata del proyecto de ley que crea el “Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores”, y derogaría la Ley Nº 1335 “del Servicio Diplomático y Consular”, de 1999. López sostiene la posición del canciller, Euclides Acevedo, quien remitió una nota al Congreso reiterando su pedido de postergación del tratamiento del proyecto de ley, “a fin de que se pueda analizar adecuadamente y encontrar puntos de entendimiento con la Honorable Cámara de Senadores a través del diálogo y la cooperación”. Del mismo modo, López hace notar que no es coincidencia que funcionarios diplomáticos de países como Colombia o Uruguay se pronuncien en solidaridad con sus pares paraguayos. Alertó que la Cancillería podría convertirse en un botín político, como sucede con las entidades binacionales. Manifestó que ya existe una beca política en las embajadas y que no es necesario aumentar estos cupos.
-¿Cuál es la principal crítica al proyecto de ley impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego?
-La carrera diplomática está contemplada en el artículo 101 de la Carta Magna, como también la carrera docente o militar, todas con escalafones, y ninguna puede ser eliminada porque se producirá una colisión con la Constitución Nacional. El proyecto es inconstitucional.
-¿Tuvieron oportunidad de explicar a los proyectistas y conversar con ellos sobre los puntos que consideran son inconstitucionales?
-En seis oportunidades solicitamos, como ADEP, reuniones con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para poder explicar los motivos por los que el proyecto es inconstitucional y nunca fueron aceptadas. Incluso se enviaron dictámenes jurídicos de un prestigioso estudio que concluía sobre esta inconstitucionalidad, pero no fue tenidos en cuenta.
-¿Están en desacuerdo con la conformación de la Junta de Calificaciones que propone el proyecto? ¿En qué podría afectar?
-Estamos en total desacuerdo con la composición de la Junta de Calificaciones. En el proyecto se integra a personas ajenas a la carrera y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, se aparta a los dos embajadores y se agrega a un docente, como representante de la universidad privada, que se suma al de la universidad pública. Se agrega a la presidenta de la ADEP, que en este caso sería yo, con voz, pero sin voto, y siguen los presidentes de las comisiones de relaciones exteriores de las cámaras de Diputados y Senadores. Actualmente, se cuenta con dos embajadores en la Junta, uno en planta local, que representa a la voz de los funcionarios que están en Asunción, y otro en el servicio exterior, que representa a los funcionarios que trabajan fuera del país. La nueva constitución de la Junta es completamente ajena a la carrera, evidentemente las decisiones que se van a tomar son por fuera de la carrera.
-Como organización de diplomáticos sostienen que existe una intención de politizar la Cancillería. ¿En qué se basan para dar esta advertencia?
-Desde el título de la ley ya se mezcla todo, servicio diplomático, consular, administrativo y técnico, y se mezcla con un propósito político. Lleva hacia la politización de la carrera. Personas que no tienen capacitación no pueden ingresar en un concurso público y si se aprueba la ley y estas necesitan actuar en un mundo internacional, representaría un gran riesgo.
-Los defensores del proyecto señalan que es necesario modernizar la carrera.
-No muestran cuál es el artículo que moderniza. Con este proyecto se baja la vara en la carrera diplomática. La gente va a ir por la vía más fácil, nadie va a querer rendir siete exámenes y estudiar todo un año.
-¿Y en cuanto al punto referido de que la situación fuera del país no es solo diplomacia y que es necesario que políticos puedan resolver los problemas?
-Nosotros no discutimos eso. Por eso, los políticos ya tienen sus becas en la Ley 1635. Porque hoy es legal que el presidente nombre 50% de embajadores políticos y 20% de funcionarios políticos en las embajadas. Lo que no es legal es el ingreso a los consulados, porque el consulado tiene un tecnicismo y esta ley amplía a 30% la apertura de consulados a personas ajenas al escalafón que no sabemos si tienen la capacidad. El único método que hoy te da seguridad de que vos puedas tener personas con capacidad son los concursos públicos. El problema son los consulados y la forma de ingreso a partir de ahora. Acá nos quedamos los que concursamos, pero no podemos asegurar que haya un concurso a futuro.
-Entonces, lo peligroso que se señala es que podrían llenarse de cupos políticos las instituciones de Relaciones Exteriores. ¿Es así?
-Es peligroso porque no vamos a tener certeza de que se pueda llamar a concursos públicos. Porque la forma de ingreso tampoco da certeza, la nueva ley es muy clara. Nosotros defendemos que la única forma de ingreso sea a través de un concurso público y transparente para todos los paraguayos. Así, con esta ley, la Cancillería corre peligro de que se convierta en un botín político, y es lo que se busca, ¿por qué?, no sé, no se dieron cuenta en el 99, qué les pasó, o eran todos idealistas.
-Específicamente, ¿cuáles serían los efectos si esta ley cobra vigencia?
-El daño puede ser una política exterior débil que finalmente debilite nuestras posiciones en foros importantes, pero sobre todo en negociaciones importantes para el país como es, por ejemplo, Itaipú, negociaciones de aranceles en el Mercosur. Los empresarios trabajan con nosotros sus aranceles. Saben el trabajo de la Cancillería, que no es nada fácil frente al groso de Itamaratí, frente a la Cancillería argentina. Todos los países van a tener una carrera profesional y nosotros vamos a ser el hazmerreír de la región como mínimo. Otro punto es que lastimosamente ni siquiera giró a presupuesto el proyecto. El canciller envió una nota al Congreso donde menciona que tiene un incremento presupuestario de G. 35.000 millones y pedía postergación para que la comisión de presupuesto lo estudie. Por orden superior no se mandó a la comisión de presupuesto, lo cual nos genera más dudas. El daño puede ser patrimonial.
Perfil
Noelia López. Es directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Asunción, máster en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público por la Real Academia Diplomática de España y Posgrado en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid.
El daño puede ser una política exterior débil que finalmente perjudique nuestras posiciones en negociaciones importantes.
Los empresarios trabajan con nosotros sus aranceles. Saben que nuestro trabajo no es fácil frente a Itamaratí o Argentina.
Todos los países van a tener una carrera profesional y nosotros vamos a ser el hazmerreír de la región, como mínimo. Noelia López, presidenta de ADEP.
25 años de carrera, y hasta 30, es lo que debe tener un diplomático para llegar a ser embajador nacional.
