Opinión

Taxi, Uber, Muv y la igualdad de condiciones

Miguel H. López – @miguelhache

En estos días álgidos en torno a los debates serios y disparateros sobre el funcionamiento de los sistemas de transporte de personas por intermediación vía plataformas digitales y los reclamos de los taxistas, la discusión en general se centró en los aspectos más superficiales, dejando de lado aspectos que hacen al fondo del conflicto.

Hubo de todo en las argumentaciones y contrargumentaciones tanto entre autoridades, defensores y detractores de todos los lados y en las redes sociales. Lo más frecuente fue buscar sostener la idea de la modernidad tecnológica contra lo antitecnológico. Este planteamiento –lógicamente falso e inconsistente– esconde y resume mucho de lo que no se quiere dar a conocer.

Uno de los aspectos importantes en este tema es la reglamentación, regulación y regularización. Si no existen estas garantías, habrá en el futuro serios problemas tanto entre la transnacional Uber, la de capital local –por ahora– Muv y el sistema de taxis en todas las ciudades del país. De hecho, por de pronto en Asunción esa es la tendencia, analizando la ordenanza aprobada ayer en el pleno de la Junta Municipal, con desbalances notorios y pocas garantías en términos de protección para el usuario, destinatario último del servicio.

Antes de avanzar en ese análisis, es importante colocar los otros dos aspectos troncales de este tema: la precarización laboral de los choferes en servicio de traslados, sin distinción; y lo realmente de fondo, el problema del transporte público en toda la República, no solo en la capital.

La tecnología o no, es un asunto secundario. Hasta se diría sucedáneo. Porque los taxis también pueden incorporar lo mismo. Aquel calificativo de anacrónicos y gorilas contra los modernos y tecnologizados, es un gran absurdo. El problema no pasa por allí, ni tangencialmente. El precio también es un tema relativo y es cuestión de tiempo. Y la situación de los vehículos, que es otra relatividad que depende de la eficiencia o no del Estado (municipal, preferentemente).

Este no es un asunto local. En el mundo está ocurriendo exactamente lo mismo y los debates fueron casi por los mismos andariveles sin recalar en lo que realmente representará para el régimen de relación laboral de los conductores, las garantías para el usuario y las circunstancias de retorno impositivo y de responsabilidad tributaria con el Estado.

No importa si es la transnacional Uber o la ‘nacional’ Muv. Instalan en el país el sistema de prestación con un patrón sin rostro que niega serlo y articula mecanismos ambiguos y legales para no reconocer derechos, ni estabilidad, ni garantías sociales, pero sí para quedarse con gran parte de lo recaudado, que además exige al conductor poner su vehículo y correr con los gastos. Todo con el agravante de que no existen regulaciones ni reglamentaciones serias, escapan a los encuadres jurídicos locales por no estar contemplados como nuevas relaciones contractuales, y por tanto tampoco hay exigencias ni fiscalización seria. La ordenanza aprobada en la Junta de Asunción es un chiste, en ese sentido.

En el caso de los taxistas, estos deben cumplir normativas establecidas y que obligan a los dueños de paradas y de vehículos a cánones, licencias categorizadas y otra serie de requerimientos. Más allá del otro debate que debe instalarse fuera de este momento: la explotación de los taxistas por sus patrones que evaden las leyes con complicidad de las autoridades, no existen iguales condiciones en la libre competencia que el modelo de mercado pregona.

En estas circunstancias, el conflicto Uber-Muv-Taxis no está zanjado. Es una bomba de tiempo que puede estallar, pero más temprano que tarde y los perjudicados serán los conductores y el usuario.

El problema de fondo son las autoridades que no regulan ni controlan el funcionamiento del sistema de transporte; ni crean uno, verdaderamente público, que funcione 24 horas, que preste un servicio digno y accesible para la población.

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