Es una situación que se repite con frecuencia, tras las elecciones generales. En varias gobernaciones del país las nuevas autoridades se encuentran con las arcas vacías, con deudas acumuladas e indicios de que el dinero ha sido gastado de modo inadecuado o desviado irregularmente.
El cuadro que ha pintado en estos días el gobernador de Central, Hugo Javier González, confirma la regla, al asegurar que ha encontrado las cajas de la administración dejada por su antecesor, el liberal Blas Lanzoni, con saldo cero y una deuda flotante de 36.657 millones de guaraníes, por falta de pagos en el rubro del almuerzo escolar, que se viene arrastrando desde el ejercicio 2015.
Además, González menciona que han encontrado muchas irregularidades, incluyendo pagos no justificados, como la entrega de 7.404 millones de guaraníes a entidades sin fines de lucro, hechos que están siendo investigados por una auditoría.
No es el primer caso y probablemente no será el último. La mayoría de las gobernaciones se manejan como feudos políticos y con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia han establecido trabas jurídicas para que la Contraloría no pueda auditar sus ejecuciones financieras, respondiendo solo ante el Tribunal de Cuentas, en donde existe mayor posibilidad de encontrar complicidades políticas.
Las gobernaciones reciben muchos recursos, a través de fondos especiales como el Fonacide y los royalties proveídos por la entidad binacional Itaipú, que deben dirigirse a áreas prioritarias como la educación y el desarrollo de comunidades, pero en muchos casos se ha comprobado que son gastados de manera discrecional, con evidente favoritismo político y en otros casos directamente los fondos son objeto de malversación y prácticas de corrupción.
Lo llamativo es que estos casos denunciados no generan la misma reacción de indignación y movilización ciudadana que actualmente se focaliza en legisladores acusados de corrupción, logrando que los mismos sean removidos de sus cargos y sean procesados por la Justicia. En los casos de delitos en las gobernaciones no se nota el mismo nivel de indignación y protesta ciudadanas.
La situación tiene que ver con fallas en el sistema de descentralización y en la educación política, pero no deja de ser un fenómeno llamativo. A pesar de múltiples casos denunciados, no hay ex gobernadores presos por haber causado daños patrimoniales al erario público. Por alguna razón, ni la población ni la administración de Justicia juzgan con los mismos parámetros a los gobiernos departamentales. La corrupción de ciertas administraciones es igualmente grave y debe ser sancionada.
