“Le deja muy mal parado al Paraguay”, dice, y reconoce que se vive un tiempo muy convulso. Resalta que intencionalmente se desinforma, expanden discursos de odio y provocan una polarización social, en un escenario electoral que transversaliza todos los temas. Incluyendo el proyecto Transformación Educativa por el que se viene trabajando hace tiempo.
“El gran problema no es tanto el proyecto en su debate, contenido, difusión, aplicación, sino que ciertos sectores están utilizando esto para una cuestión eleccionaria, para decir: Nosotros nos preocupamos por la familia, por ustedes. Así que tienen que apoyarnos”. Peris advierte que la dirigencia política que utiliza elementos de la posverdad y apela a las emociones, con asuntos tan sensibles como la educación, la campaña de vacunación, la realización del Censo Nacional o los tratados internacionales, en realidad, “están rompiendo el pacto social”.
Si ya no se respetan esos temas, estamos rompiendo principios básicos que fundamentaron el pacto social. Ahí está el verdadero peligro de esta cuestión.
Si prospera el proyecto de ley impulsado por los senadores Enrique Riera, Abel González y Blas Lanzoni para suspender por un año la Ley N° 6659/20, que aprobó el convenio de cooperación financiera suscripto entre el Paraguay y la UE para la transformación educativa, se afectará la confianza en la seguridad jurídica del país, teme Peris.
Incluso, agrega, puede afectar toda la amplia cooperación en distintos ámbitos que tiene la UE con el Paraguay. “Si se rompe esa seguridad jurídica, no solo la UE pensará dos veces antes de suscribir algún otro convenio con el Paraguay, sino incluso la venida de potenciales inversores “, advierte. En el fondo, dice, lo que está ocurriendo en Paraguay es la lucha por mantener el statu quo versus conseguir el cambio social a favor de las minorías o de los grupos que históricamente fueron marginados. Este no es solo un fenómeno nacional sino global. El convenio con la UE que quieren dejar sin efecto implica una financiación no reembolsable de 38 millones de euros para el país.
Si se rompe esa seguridad jurídica, no solo la UE pensará dos veces antes de suscribir algún otro convenio con el Paraguay.
