Editorial

Suprimir a los parlasurianos será un gesto en favor de la austeridad

El proyecto de ley que propone eliminar el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y establecer la figura del comisionamiento de senadores y diputados para representar al país ante el Parlasur, supone un gran desafío para la clase política, ya que su aprobación permitirá suprimir a los parlasurianos y ahorrar unos 23.000 millones de guaraníes al año. Los legisladores que apoyen la propuesta podrán demostrar un gesto en favor de la austeridad y de transformar de manera positiva la acción política en beneficio de la ciudadanía. Quienes se opongan, por el contrario, mostrarán una vez más que solamente les interesa seguir dilapidando el dinero público, sin ninguna utilidad más que para el de sus respectivos bolsillos.

Desde la creación del Parlamento del Mercosur (Parlasur), en 2005, y el inicio de su funcionamiento en 2007, como órgano deliberativo en el marco del proyecto de integración de las naciones del Cono Sur, se ha discutido mucho acerca de la validez y utilidad de elegir a legisladores parlasurianos y mantenerlos con un alto presupuesto pagado por la ciudadanía. A más de una década, está visto que su aporte ha sido prácticamente nulo y la función se ha convertido en otro preciado botín para ciertos aprovechadores y sinvergüenzas en el mundo de la política.

Aunque en numerosas ocasiones se han generado ideas para eliminar a esta casta considerada como de zánganos políticos, en esta oportunidad existe una posibilidad concreta, a partir del proyecto de ley presentado hace algunas semanas en la Cámara de Diputados por las legisladoras Kattya González y Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional.

Se trata de la propuesta “Que abroga la Ley Nº 2925/2006 ‘Que aprueba el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur’”, en donde se plantea eliminar la elección de los parlasurianos y pasar la función de la representatividad ante el organismo a diputados y senadores, como lo hacen en otros países como el Brasil y el Uruguay –y ahora también plantea hacerlo la Argentina–, para ahorrar los aproximadamente 23.000 millones de guaraníes que se gastan anualmente en los 18 legisladores regionales electos, que hasta ahora no han dado ningún beneficio notable al país.

Como ya se ha detallado en varias ocasiones, los miembros del Parlasur reciben un salario mensual de G. 32.774.840 y, aunque solo viajan al exterior en contadas ocasiones, generalmente por vía aérea también obtienen G. 4 millones en cupos de combustible. Además, al igual que los demás legisladores, se benefician de la jubilación del Congreso Nacional desde los 55 años de edad y con apenas 10 de aporte.

Para elegir a los parlasurianos, el Paraguay incluso ha debido incumplir con varios artículos de la Ley 2295/2006, como el periodo de mandato de sus integrantes, ya que lo establecido menciona que deben durar en su mandato cuatro años, pero que en nuestro país se extendió a cinco, para hacer coincidir la elección con los comicios generales.

En dichas elecciones, los boletines de voto tienen un capítulo especial de 18 candidatos titulares y 18 suplentes que aspiran a convertirse en “parlamentarios del Mercosur”, y que gozan de las mismas dietas que perciben los diputados y senadores: tienen viáticos, oficinas y un ejército de funcionarios, pero hasta ahora no han podido demostrar que hayan hecho nada productivo.

El proyecto de ley que han presentado las diputadas González y Camacho plantea la posibilidad concreta de que en las próximas elecciones ya no tengamos que votar a los parlasurianos. Los legisladores que apoyen esta propuesta podrán demostrar un gesto en favor de la austeridad y de transformar de manera positiva la acción política, en beneficio de la ciudadanía. Quienes se opongan, por el contrario, mostrarán una vez más que solamente les interesa seguir dilapidando el dinero público, sin ninguna utilidad más que para el de sus respectivos bolsillos. Una señal de mejora del gasto es fundamental.

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