Sucesos

Suman seis funcionarios públicos imputados por hechos de corrupción

Por lo menos seis funcionarios fueron detenidos por casos de cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias o extorsión en menos de un mes. El último caso que se descubrió corresponde a Juan Gabriel Colarte, quien se desempeñaba como asistente administrativo en la Unidad Penal N° 1 de Ñemby.

Evitar una imputación, sacar una resolución favorable en un caso de indemnización de daños y perjuicios, acelerar el cobro de G. 207 millones por un servicio de fumigación, reducir una pena por un caso de narcotráfico y finalmente otorgar la libertad a un detenido y a su vez liberar su automóvil que había sido incautado fueron los motivos utilizados por los funcionarios públicos para requerir el supuesto dinero (coima).

Desde 3.000.000 de guaraníes hasta 30.000 dólares fueron solicitados por los empleados estatales para dictaminar “a favor” de un procesado o víctima.

El primer caso que saltó a la luz pública se trata del asistente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Ciudad del Este, Enzo Adrián Jiménez Cano. Los fiscales Liliana Alcaraz y Soledad González imputaron al funcionario.

Según la imputación, el funcionario del Ministerio Público requirió G. 20.000.000 a la involucrada como denunciante, con el fin de que la misma no sea imputada.

Si bien el asistente fiscal no toma la decisión de imputar o desestimar una causa, entra dentro de su competencia la realización de diligencias, y hasta la posibilidad de alterarlas, resalta el escrito.

En tanto el siguiente caso, que fue bastante polémico, involucró a un supuesto relator del ahora ex ministro de la Corte Suprema Óscar Bajac.

Se trata de Rafael Luis María Ramírez Doldán, que en realidad figura como técnico administrativo asignado a Facilitadores Judiciales.

El hombre fue grabado por Telefuturo pidiendo la coima a nombre de Bajac y del titular de la Corte, Raúl Torres Kirmser, el 5 de julio pasado.

Lea más: Fiscalía busca evidencia concreta por coima a nombre del ministro Bajac

El procedimiento se realizó a raíz de que Felipe Páez denunció ante el fiscal Luis Piñánez que le pidieron coima en el marco del juicio “Cal Agro SA contra INC sobre Resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual” por USD 40 millones.

En tanto 11 días después fue detenido el actuario judicial Víctor Daniel Marecos Benítez por solicitar conjuntamente con el técnico administrativo Héctor Leguizamón la suma de USD 30.000 a Ángel Norberto Ruiz Díaz, padre de un recluso para que las juezas de sentencia Alba González, Gloria Hermosa y Nilda Giménez condenen a Ángel Omar Ruiz Díaz a solo cinco años de prisión.

También se dieron otros casos que involucraron a un funcionario de Hacienda y a un asistente administrativo de la Fiscalía de Ñemby.

Incluso tres personas se habían hecho pasar por funcionarios de Contrataciones.

Casos de coimas, extorsión y tráfico de influenciaS que saltaron en menos de un mes

1. El asistente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de Ciudad del Este, Enzo Adrián Jiménez Cano, fue imputado por cohecho pasivo agravado y tentativa de extorsión por supuestamente haber solicitado G. 20.000.000 en concepto de coima contra un investigado en una causa por violencia familiar, de tal manera a evitar ser imputado. El operativo se dio el 28 de junio.

2. Rafael Luis María Ramírez Doldán, técnico administrativo asignado a Facilitadores Judiciales, fue detenido tras recibir casi USD 10.000 en la Plaza de la Justicia, frente al Poder Judicial, a nombre del ex ministro Óscar Bajac y del ministro Raúl Torres Kirmser. El operativo encubierto fue encabezado por el fiscal Luis Piñánez.

3. Eduardo Núñez, coordinador de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda, fue imputado por cohecho pasivo y cohecho pasivo agravado, en tanto al proveedor del Estado Jorge Argüello Aquino, por soborno y soborno agravado, en calidad de autor por una supuesta coima de 20.000.000 de guaraníes para acelerar el cobro de G. 207 millones por un servicio de fumigación realizado en las sedes del Ministerio de Hacienda. La detención se dio el 10 de julio pasado.

4. El agente fiscal Javier Ibarra imputó a Claudio Caballero, Édgar Soto Ortellado y a su esposa Elba Yolanda Gill por la supuesta comisión del hecho punible de extorsión. Los hombres se hacían pasar por funcionarios de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El denunciante indicó haber sido extorsionado con respecto a una causa investigativa en su contra en San Lorenzo.

5. El actuario judicial Víctor Daniel Marecos Benítez fue detenido el 16 de julio pasado en la sede del Palacio de Justicia por supuestamente haber solicitado USD 30.000 a Ángel Norberto Ruiz Díaz, padre de un recluso, a fin de reducir la pena privativa de libertad a 5 años, en lugar de 15 años. En tanto el técnico administrativo Héctor Leguizamón sigue prófugo de la Justicia.

6. Juan Gabriel Colarte, funcionario de la Fiscalía de Ñemby, fue detenido el viernes último con una supuesta coima de 3.000.000 de guaraníes para liberar un vehículo incautado y también a su propietario detenido por una aparente resistencia.

Dejá tu comentario