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Suman casi 20 denuncias de cobros indebidos en escuelas

 

Sigue la ola de denuncias de familias que aseguran que se dan presuntas extorsiones en escuelas públicas a cambio de inscripciones para el año lectivo siguiente.

Los montos que exigen los directores de las instituciones educativas a cambio de aranceles varían y van desde los G. 20.000, de acuerdo con los registros oficiales del MEC.

En los últimos tres días, se registraron en el Ministerio unas 18 llamadas provenientes de miembros de la comunidad educativa, señalando que directores o líderes de la cooperadora escolar (Ace) piden el abono de un monto a cambio de aranceles.

“Bajo ninguna circunstancia se puede avalar ningún tipo de cobros a cambio del derecho a la educación de los niños; los directores saben bien eso”, manifestó el viceministro de Educación Básica del MEC, Robert Cano.

Reconoció que lo que reciben las instituciones educativas en concepto de gratuidad puede no ser suficiente.

“Pero es porque los recursos tampoco se disponen, no podemos incurrir en eso para exigir pagos”, remarcó.

Para realizar más reclamos, las familias o tutores pueden recurrir a las supervisiones más cercanas de los centros escolares. También se habilitó la línea baja gratuita 0800-114-975.

MÁS COMUNES. Los casos que más se dan son aquellos en los que las cooperadoras escolares exigen recursos económicos en connivencia con los directores generales o de niveles.

Uno de los casos es el de la escuela República de Ecuador de Lambaré, donde se encuentra abierta una investigación oficial. Una auditoría interna de la cartera confirmó que supuestamente se obligaba a los padres a pagar sumas para todo tipo de trámites. Están acusados la directora y varios docentes.

La directora acusada asegura ser inocente, contando con documentos que presentará ante la entidad estatal, dijo.

CONTROLES. Distintas unidades del Ministerio realizarán verificaciones aleatorias en las instituciones educativas de todo el país.

En ese sentido, los directores se exponen a sanciones que van desde sumarios administrativos.

Para los funcionarios públicos que incurran de vuelta en anomalías de este tipo, las sanciones podrían hasta costarles denuncias a la Fiscalía.

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