La propuesta, presentada por el Frente Guasu, sugiere un plan de seguridad alimentaria, que consiste en la compra directa del Estado de platos de comida en locales gastronómicos, situados en zonas consideradas de emergencia.
Se pretende que tenga incidencia en familias con riesgo de seguridad alimentaria, y la entrega sería mediante un control electrónico, que quedará a cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
En cuanto al financiamiento, se da la facultad al Ejecutivo para utilizar el saldo no ejecutado de la línea de crédito autorizada en la Ley de Emergencia, cuyo monto es de G. 20.000 millones.
En la propuesta se alega que la ley, en caso de ser sancionada y promulgada, será de aplicación exclusiva en el caso de restricciones de movilidad determinadas por el Ministerio de Salud para reducir la circulación del Covid.
“Estamos trabajando actualmente en este proyecto, entendiendo la importancia del sector gastronómico en el tema laboral, microeconómico, y la importancia de ir garantizando una cierta seguridad alimentaria a sectores muy vulnerables, que están en riesgo, en este momento, de no tener ni siquiera para alimentación”, explicó el senador Jorge Querey.
“El mapa de esa vulnerabilidad la tiene la Secretaría de Emergencia Nacional, y por lo tanto el trabajo de este proyecto de ley consiste en cálculos estimativos que pudieran significar un precio básico por plato de alimento”, dijo.
Mencionó que se abre la posibilidad de que sean elaborados por los sectores gastronómicos, y que sea suficiente como para sostener a estas pequeñas y medianas empresas, y cuentapropistas, con sus empleados correspondientes.
“Y que, por otro lado, podamos facilitar a sectores vulnerables del país de una alimentación mínima”, indicó.
Aclaró que la propuesta está abierta al debate y a las modificaciones, pero que el objetivo es que sea aplicado en momentos de alta circulación comunitaria, donde se requiere poner límites a las actividades económicas.
“No es para una cuestión permanente. Se buscan formulaciones adecuadas para todos los sectores, financieramente viables, y que sea útil como derecho humano fundamental que es el derecho a la alimentación”, remarcó.
en picada. En la exposición de motivos, se menciona que el sector económico en general, y gastronómico en particular, se vio sumamente afectado por la pandemia, cuando las restricciones de movilidad se vuelven más severas.
Se hace referencia a informes oficiales que indican que el sector de restaurantes y hoteles tuvo una caída del -3,2% en el 2020, y proyecta para este año otra del -4,6%.
‘’El Gobierno debería recurrir al rescate con medidas económicas de salvaguardas de urgencias a este importante sector de la economía para tratar de mantener su participación en la generación del PIB”, se refiere. Según los datos, en el 2019 fue del 2,7%; 2020, 1,9%, y este año, 1,7%.
la propuesta
Declaración de emergencia. Es para el sector gastronómico, y se aplicaría solo en caso de restricción de movilidad, determinada por el Ministerio de Salud.
Autoridad de aplicación. Quedaría al frente la Secretaría de Emergencia Nacional, en coordinación con el Ministerio de Hacienda.
Plan alimentario. Se crea un plan de seguridad alimentaria, que consistirá en la compra directa por parte del Estado de platos de comida en locales gastronómicos, situados en zonas de emergencia por su alta incidencia de familias en situación de vulnerabilidad.
Financiamiento. Se otorga la facultad al Ejecutivo para que pueda disponer de un saldo no ejecutado de la Ley de Emergencia, y se especifica un monto fijado en G. 20.000 millones.
